Una nueva controversia rodea al Departamento Administrativo de la Presidencia luego de que este martes, 20 de enero, salieran a la luz copias de tres diplomas universitarios que habrían sido expedidos en la misma fecha a una funcionaria del despacho presidencial.
La persona señalada es Nelfy Melo Morales, quien se desempeña como secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información divulgada, los certificados académicos fueron otorgados por la Fundación Universitaria San José, institución que en los últimos meses ha sido objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la emisión de títulos profesionales.
El caso se da en medio de una serie de denuncias que involucran a ese centro educativo, entre ellas la supuesta falsificación del diploma de Juliana Guerrero durante su proceso de postulación al Viceministerio de Juventudes. A ese escenario se sumó la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien el 19 de enero aseguró haber identificado al menos 24 nuevos episodios que harían parte de un posible esquema de titulación irregular.
Según reveló la revista Cambio, los tres diplomas atribuidos a Melo Morales estarían fechados el 5 de julio de 2024. Los documentos corresponden a un título tecnológico en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a dos programas profesionales: Administración de Empresas e Ingeniería Industrial.
La coincidencia en la fecha de expedición, así como la diversidad de los niveles académicos y las áreas de formación, ha despertado dudas sobre los tiempos requeridos para completar cada uno de esos estudios y sobre los procedimientos internos de la institución que los otorgó.
En la hoja de vida oficial de la funcionaria aparecen registrados los tres títulos emitidos por la Fundación San José. Melo Morales asumió su cargo en la Presidencia el 7 de septiembre de 2022 y, previamente, ha ocupado puestos como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas, roles que guardan relación con las áreas en las que se habría graduado.
El episodio vuelve a poner bajo escrutinio los procesos de validación académica en entidades públicas y el papel de las instituciones de educación superior en la certificación de títulos profesionales.
