Desde Washington, donde cumple agenda con funcionarios de Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, tras las denuncias públicas sobre un supuesto seguimiento ilegal en contra del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, se confirmó por varias investigaciones que no existe evidencia de que desde esa cartera o desde la fuerza pública se haya ordenado alguna acción de ese tipo.
El jefe de la cartera de Defensa señaló que, desde el primer momento, se activaron todos los canales institucionales para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del funcionario. En ese sentido, confirmó que sostuvo conversaciones con la fiscal general de la Nación, el procurador general y el contralor, además de convocar una Junta de Inteligencia Conjunta, en la que se impartieron instrucciones para poner a disposición toda la capacidad del Estado con el fin de conocer la verdad y garantizar justicia.
De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio de Defensa, el ministro de Justicia encargado habría sido víctima de una información falsa. El funcionario reiteró que nunca se ha ordenado desde el Ministerio ni desde ninguna fuerza un seguimiento ilegal y desmintió el uso del software Pegasus por parte de la Fuerza Pública. Precisó que dicha herramienta estuvo en Colombia en 2021 y 2022, pero dejó de utilizarse desde entonces y actualmente no hace parte de las capacidades operativas de las instituciones de seguridad.
Asimismo, aclaró que cualquier herramienta tecnológica de inteligencia solo puede emplearse con orden judicial y bajo los procedimientos legales establecidos, y que cualquier uso por fuera de ese marco constituiría una violación a la ley.
Frente a las versiones que señalan al sargento Darwin Ramírez, miembro asignado a la oficina del propio ministro de Defensa, de estar detrás del supuesto espionaje, el Ministerio explicó que el suboficial hace parte de los esquemas de seguridad del Ministerio de Defensa y que su función se limita a articular las capacidades de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la protección de los funcionarios.
Enfatizó que el sargento no ejecuta operaciones de inteligencia ni de contrainteligencia, ni administra gastos reservados, los cuales son ejecutados directamente por las fuerzas bajo supervisión del Ministerio.
