El Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la desclasificación y el levantamiento de la reserva de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mediante el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, que dispone la apertura progresiva de uno de los fondos documentales más sensibles de la historia reciente de Colombia, actualmente bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN).
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El Decreto 1400 establece la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados producidos por el DAS, entidad liquidada en 2011 tras múltiples escándalos por seguimientos ilegales, interceptaciones y persecuciones políticas.
¿Qué ordena el decreto sobre los archivos del DAS?
La medida ordena el levantamiento de la reserva documental, pero aclara que el acceso no será inmediato ni indiscriminado. Antes de su consulta pública, los documentos deberán pasar por un proceso técnico de intervención archivística, digitalización y anonimización.
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Según el diagnóstico oficial citado en el decreto, el fondo documental del DAS está compuesto por más de 57.000 cajas físicas y cerca de 48.000 medios electrónicos y analógicos, lo que evidencia la complejidad del proceso de desclasificación de los archivos del DAS.
Por esta razón, la apertura se realizará de manera gradual y los avances deberán ser informados al menos cada seis meses.
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El decreto establece que la anonimización de la información será clave para proteger datos personales, fuentes sensibles y cualquier contenido que pueda afectar la seguridad nacional o el régimen democrático.
Esta labor estará a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mientras que el Archivo General de la Nación conservará la custodia y garantizará la integridad del fondo documental. La Procuraduría General de la Nación ejercerá vigilancia preventiva durante todo el proceso.
¿Qué contienen esos archivos?
La desclasificación de los archivos del DAS recoge de manera explícita órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha señalado el valor probatorio de estos documentos para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y la reconstrucción de patrones de persecución estatal en el marco del conflicto armado.
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El decreto ordena que la DNI y el AGN elaboren un plan de trabajo con protocolos, cronograma, presupuesto y etapas claras de intervención archivística. En este proceso se garantizará la participación efectiva de la sociedad civil y otras partes interesadas, que podrán presentar observaciones y propuestas orientadas a fortalecer los derechos a la verdad, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición.
