Los siete militares a los que se les acusa de apropiarse ilegalmente de 200 millones de pesos destinados a la alimentación y bienestar de los soldados de un batallón de infantería en Ocaña (Norte de Santander) fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
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Se trata del teniente coronel Nelson Cuta Silva; los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz; el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez; y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa.
Los uniformados, que cumplían labores administrativas en la unidad militar, son señalados de gestionar, tramitar y apropiarse ilegalmente de 200 millones de pesos destinados a la alimentación y bienestar de los soldados, según señala el ente acusador.
Los elementos materiales probatorios indican que estarían implicados en cinco eventos delictivos en los que habrían generado y autorizado órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales.
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Y para dar apariencia de legalidad a la entrega de la totalidad de las raciones presuntamente usaron formatos que incluían los nombres de soldados que gozaban de permisos, vacaciones o turnos de descanso, o participaban en operaciones y estaban fuera de las instalaciones.
“Estos documentos fueron consignados en los sistemas misionales de la entidad sin firmas o constancia de recibido por parte de los comandantes de las patrullas o pelotones que debían certificar el suministro”, detalló la Fiscalía.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Los militares no aceptaron los cargos. Por disposición de una juez penal de control de garantías, seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de domicilio; mientras que el capitán Salinas Rodríguez continuará vinculado a la investigación.
