El Ministerio de Justicia ordenó el retiro de directores de centros penitenciarios del país vinculados con hechos de privilegios indebidos, fiestas al interior de las cárceles, irregularidades administrativas y fallas graves de control, como parte de un endurecimiento de la supervisión del sistema carcelario colombiano.
La decisión, adoptada por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, se da en medio de denuncias recientes que han puesto bajo escrutinio la operatividad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las condiciones de vigilancia en varios establecimientos.
Tras convocar a los directores regionales para evaluar la situación, el jefe de la cartera fue enfático: “qué ha venido pasando”. Y agregó que la determinación del Ministerio es clara: “es que ante cualquier fiesta, privilegio o fuga, director que se va”.
Según explicó, la medida busca fortalecer los controles internos y garantizar el orden y la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal penitenciario.
Fugas e irregularidades bajo investigación
Durante 2025 se han registrado varios eventos que han generado preocupación sobre la eficacia del sistema carcelario colombiano. Entre ellos, se investiga la fuga de internos en distintas unidades penitenciarias, como un caso ocurrido el pasado 7 de diciembre, cuando dos personas privadas de la libertad habrían escapado de un centro penitenciario.
Estos hechos son analizados por las autoridades competentes del Inpec y la Policía, en un contexto de revisión de protocolos de vigilancia y control.
Especialistas en políticas públicas y justicia manifestaron en diálogo con ‘Caracol Radio’ que, aunque el número de fugas representa una proporción reducida frente a la población penal total, persisten fallas estructurales en logística, vigilancia, infraestructura y control tecnológico que afectan la custodia de los internos y la seguridad general.
A estas advertencias se suman los hallazgos de la Contraloría General de la República, que ha identificado deficiencias en controles de ingreso, supervisión y dotación de personal en cárceles de mediana, baja y alta seguridad, según auditorías al Inpec.
También se han conocido denuncias de internos y funcionarios penitenciarios por presuntas irregularidades en la entrega de alimentos y otros servicios básicos, lo que pone en evidencia posibles fallas en la gestión de contratos dentro de las prisiones.
Ya comenzó el fortalecimiento institucional
Ante este panorama, Idárraga aseguró que el Ministerio ejercerá una supervisión estricta del cumplimiento de las normas y que los directores que no garanticen orden y disciplina serán relevados de sus cargos como parte del fortalecimiento institucional del sistema carcelario colombiano.
Además, indicó que se trabajará de manera articulada con autoridades judiciales y entes de control para investigar eventuales responsabilidades administrativas, penales o disciplinarias en los casos donde se comprueben irregularidades.
