En medio de la imputación de cargos el pasado lunes en el Tribunal Superior de Bogotá contra los ex ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción de la Ungrd, la Fiscalía mencionó 79 contratos del Invías y la propia Ungrd -de los cuales solo siete se firmaron- que se habrían supuestamente dispuesto para asegurar decisiones favorables al gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, sobre todo para las reformas pensional y a la salud y para la aprobación de créditos públicos para la Casa de Nariño. Algunos de estos procesos contractuales tenían lugar en la región Caribe.
La imputación, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, de los cuales ambos exfuncionarios se declararon inocentes, seguirá el 15 de diciembre con las intervenciones de los defensores, luego de que el ente acusador pidiera detención domiciliaria y señalara que los exministros “plantearon las líneas bases del modus operandi que en groso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”.
El supuesto plan criminal, que se habría desarrollado entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024, consistía en direccionar a favor de las comisiones primera, tercera, cuarta y séptima del Senado, y de la tercera y cuarta de la Cámara 74 proyectos de Invías por $571.701 millones; y cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones.
Para el trámite de la pensional se habrían dispuesto entregas de contratos en Puerto Concordia, Meta, con una obra de protección para controlar la erosión del río Ariari, por $5.458 millones; en Aguazul, Casanare; en Mistrató, Risaralda; y otro por $2.125 millones en La Guajira, para maquinaria amarilla y mantenimiento de jagüeyes.
Además, 71 contratos habrían sido tenidos para mantener la gobernabilidad: para la Comisión Cuarta de la Cámara se dieron 13 proyectos para Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena por $142.658 millones; para la Comisión Cuarta del Senado fueron 19 proyectos para Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas por $80.816 millones; para la Comisión Tercera del Senado irían 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre por $155.145 millones.
Y en la Comisión Tercera de la Cámara se habrían direccionado 25 proyectos para Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle y Arauca por $177.380 millones.
De esta forma, en total se habrían direccionado $556.473 millones.
Había así mismo tres proyectos por $89.619 millones ligados a Bonilla en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar que no alcanzaron a materializarse.
También fueron mencionados los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, de la Comisión de Crédito Público del Congreso, para impulsar operaciones de crédito público que le convenían al Gobierno.
De igual modo, se habló del senador Julio Elías Chagüi, con tres proyectos: uno en Lorica por $8.500 millones, Los Córdobas por $4.500 millones y en Tierralta por $2.700 millones, para un total de $15.700 millones.
La Fiscalía precisó que de estos convenios se alcanzaron a firmar entre 2021 y 2023 el de Lorica e Invías por $17.086 millones; el de Invías y Los Córdobas por $9.000 millones; el de Invías y el municipio de Tierralta por $5.400 millones; así como los de la Ungrd para Cotorra por $44.522 millones; el de Saravena por $32.559 millones; el de El Carmen de Bolívar $12.356 millones; y el de Sahagún para mitigar inundaciones por $25.047 millones.
