El economista, académico y escritor guajiro Amylkar Acosta, reconocido como uno de los grandes pensadores del Caribe colombiano, ejerce desde hace años como oráculo del sector energético. Su sólida formación, dilatada experiencia y, sobre todo, conocimiento integral del engranaje energético nacional lo han hecho una voz autorizada para prender las alarmas ante el riesgo de desabastecimiento de energía en firme y de gas que podría apagar al país.
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Con rotunda lucidez, el ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas retrata el complejo escenario de un sistema estresado por proyectos atrasados, redes agotadas y decisiones regulatorias que espantan la inversión, entre otros trances que el actual gobierno ha ignorado, desatendido e inducido. Advierte que el país ya afronta racionamientos disfrazados, de modo que si no se actúa de inmediato habrá un colapso entre 2026 y 2027.
Luego de las lecciones aprendidas tras el apagón de los 90, nadie imaginó que la seguridad energética del país volvería a estar amenazada, ¿a qué riesgos nos enfrentamos?
Son dos tipos de riesgo. Uno inmanente, estructural al sistema, porque más del 60 % de la capacidad instalada de generación de energía de Colombia es de origen hídrico que se pone a prueba por las sequías de fenómenos extremos como El Niño, que bajan el nivel de los embalses. De los 26 que le sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos, el del Peñol que sirve a Guatapé, tiene capacidad de generar a más de un año sin lluvias. Los demás apenas resisten cuatro meses.
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El otro riesgo es inminente y tiene dos componentes. El primero por retrasos en la ejecución de proyectos, tanto de generación como de transmisión. Hoy tenemos un déficit de casi 2% de la oferta de energía en firme. El año entrante ya será de 3%, lo que eleva el riesgo, sobre todo en la región Caribe porque, según XM y Transelca, las redes de alta tensión que transportan la energía desde el interior del país están agotadas y sin capacidad de satisfacer toda nuestra demanda. Por eso, hablan de demanda no atendida, un término eufemístico para no decir racionamiento.
Entonces ya estamos en racionamiento…
Y desde septiembre del 2023, siendo una situación que se ha ido agudizando. De hecho, cuando la regasificadora de Cartagena, la única que tiene el país, entró en mantenimiento programado en octubre estuvimos en riesgo de racionamiento de energía, por lo que el Ministerio de Minas se movió y haciendo de tripas corazón pasamos rasantes, pero sobre la base de racionarle el gas a la industria. Así estamos. Si en 2026, como se dice, es posible que llegue un ‘Niño’, como no estamos preparados, yo podría asegurar que tendremos racionamiento eléctrico en Colombia.
¿Por dónde empezar a resolver esta situación que expone a los usuarios a pagar tarifas cada vez más caras por la escasez de energía en firme y de gas?
Urge que se destrabe la ejecución de los proyectos en curso, particularmente los 16 parques eólicos de La Guajira. Algunos debieron entrar en 2022 y, a la fecha, no lo ha hecho ninguno, lo cual incide en las tarifas de energía por dos razones.
Una, como no han entrado los 2.400 megavatios de esos parques eólicos que requiere el sistema, este se estresa y presiona al alza el valor de las tarifas. Y dos, como la energía eólica es más barata que la hídrica, cuando entren abaratarán precios y bajarán tarifas. No hay fórmulas mágicas para reducirlas: a más demanda que oferta, la tendencia es que suban, así que cuando tengamos lo contrario, más oferta de energía que demanda, forzosamente, los precios y las tarifas bajarán.
¿Cómo impactan los cambios constantes en las reglas de juego o las medidas regulatorias que se adoptan sin consultar con los agentes del sector?
A futuro es absolutamente indispensable que se hagan subastas tendientes a ampliar la capacidad de generación, sobre todo previendo que la demanda crecerá exponencialmente en los próximos años. Y un proyecto de este tipo, cualquiera que sea, se toma sus años de maduración y ejecución. Cierto que se abrió recientemente una subasta que cerrará entre marzo y mayo del 2026. Pero las señales que han dado no son buenas.
Por un lado, la Creg expidió a finales de 2024 una resolución modificando todo lo que tiene que ver con el llamado precio de escasez, estableciendo una dualidad de precios según la tecnología que, dicho por los interesados en invertir en el sector, los desincentiva. No está de más recordar que son recursos que no vienen del presupuesto nacional, sino de privados.
También está la controversia sobre el cargo por confiabilidad…
El Ministerio asegura que es una clavija que les meten a los usuarios, cuando la realidad es que el cargo por confiabilidad es un seguro. Este remunera a quien invierta en proyectos sobre la base de que se les reconocerá la disponibilidad, mediante pago incluido en la tarifa.
Cuando se anuncia que el cargo por confiabilidad se desmontará, que se le pondrá un techo al precio de escasez y que, vía resolución, las hídricas deberán contratar a través de contratos bilaterales más del 95 % de su energía —lo que podría llevarlas a tener que salir al mercado a comprar al precio que sea, cuando haga falta en caso de que los embalses no generen por sequía—, lo que vemos son torpedos que harán fracasar la subasta en curso. Y con el agravante de que el Congreso tramita un proyecto de ley que cambia aún más las reglas de juego del sector.
Sin tener certeza de cuáles serán las normas y si estas se respetarán, nadie arriesgará su capital para invertir en los proyectos que se subastarían bajo esta coyuntura. Y si eso no se hace, está cantado que, pase lo que pase, para el año 2027 el país se va a apagar.
Paradójico porque sin seguridad energética no hay transición. Entonces, ¿a qué jugamos?
Gracias a la expedición de la Ley 1715 del 2014, iniciativa del senador José David Name y de la Ley 2099 del 2021, entre 2019 y 2021 se hicieron las subastas en las que se asignaron los 2.400 megavatios de generación eólica. Eso nos valió un posicionamiento en energías renovables en América Latina que hemos venido perdiendo porque no solo no avanzamos, sino que retrocedemos.
Sin embargo, desde el Gobierno nos venden un discurso totalmente distinto…
La transición energética se ha convertido en el mantra del Gobierno. Pero lo único que nos puede mostrar a día de hoy es lo que se ha avanzado en granjas solares fotovoltaicas, en las que superamos las 2 gigas. Pero muy distante de los 6 gigavatios que el presidente Petro prometió que le incorporaría a la matriz eléctrica. Es decir, es solo una tercera parte.
Sin duda necesitamos renovables, pero también energía en firme que solo la generan las térmicas e hidroeléctricas, mientras la demanda crece. ¿Cómo sumamos tecnologías?
En el mundo ya no se habla tanto de transición energética, entendida como sustitución, reemplazo o desplazamiento de las fuentes convencionales, sino de agregación energética. Colombia no se puede desacoplar de esa realidad porque la demanda sobrepasará las nuevas capacidades de las fuentes no convencionales y se necesitarán todas las tecnologías.
Las renovables están llamadas a servir de respaldo a las no renovables. Y viceversa e incluso más, porque las renovables son intermitentes. Estas, especialmente la eólica y la solar, son contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el verano es más intenso, tenemos más viento con velocidad para generar energía eólica, al igual que más horas de sol y mayor radiación solar para generar fotovoltaica. De manera que hay una estrecha correlación entre ambas energías y no podemos prescindir de una para depender de la otra.
Sobre gas, en el que perdimos soberanía energética, ¿qué podemos esperar en la región?
Con un aumento en tarifas de entre 20 % y 36 %, en el interior del país ya están pagando el precio de no tener la disponibilidad suficiente de gas producido en el país, porque se está importando desde diciembre de 2024.
En el Caribe, hasta este mes, tenemos cobertura de contratos ya firmados, por eso no nos había afectado. Pero en enero, cuando nos llegue la factura de diciembre, vendrá con el aumento que irá creciendo en los años venideros, porque hoy importamos 44 millones de pies cúbicos diarios, en 2026 tendremos que importar 120 millones de pies cúbicos diarios y en el 2027 estaremos por el orden de los 400 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, a mayor componente de gas importado para el abastecimiento nacional, mayores tarifas.
Es increíble que no se hayan atendido las alarmas en materia de gas…
Debemos analizar lo que pasa fuera. La crisis energética en Europa, que todavía no han terminado de superar, nos deja tres lecciones. La primera es que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. Alemania pensó tener suficientes renovables y apagó térmicas y reactores nucleares. Cuando se vieron a gatas, porque no era suficiente la capacidad instalada de renovables para el crecimiento de su economía, debieron prender las térmicas… ¿Y a qué costo? Los precios del carbón, que habían llegado en el año 2020-2022 a 50 dólares la tonelada, sobrepasaron los 400 dólares la tonelada. Eso elevó precios, tarifas y vino una inflación brutal en Europa que se transmitió al resto del mundo.
La segunda lección es que tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética. En Europa llegaron a depender más del 40 % del suministro de gas de Rusia. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania les cerraron la llave y quedaron colgados de la brocha. Y la tercera es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Eso ya lo estamos viviendo en Colombia con el gas.
En medio de esta tormenta perfecta, ¿cómo evalúa el futuro de Air-e intervenida?
Air-e se quedó sin aire hace rato. En septiembre de 2024, por insolvencia, falta de liquidez y de caja, la propia empresa le pidió a la Superservicios que la interviniera para resolver sus problemas. La superintendencia, que nombró un agente interventor, se declara también insolvente, ilíquida y sin caja. Y eso ha agravado la situación de Air-e. Lo más complejo es que su crisis financiera apenas es la punta del iceberg porque otras empresas, como Afinia y las del centro del país, están igual.
Es el lastre de la deuda por la opción tarifaria que el gobierno Petro se comprometió a asumir en mayo de 2024 y no lo hizo. También está la deuda del Gobierno con los subsidios. Cada mes, las prestadoras del servicio les descuentan a sus usuarios de estratos 1, 2 y 3 el valor del subsidio. ¿A cuánto asciende eso? A 300 mil millones de pesos mensuales. Y hay un agravante adicional, en el Presupuesto General de la Nación de 2025 solo se apropiaron recursos correspondientes a un trimestre.
¿Eso qué significa?
Que aunque el Gobierno tuviera la voluntad política de pagar los subsidios de los tres trimestres restantes no lo podría hacer porque no tiene respaldo presupuestal. En ese sentido las advertencias, tanto del contralor como del procurador, hablan del riesgo de que se produzca un efecto dominó, dado que al no contar con flujo de caja las empresas tienen dificultades para pagarles la energía comprada a los generadores, que tienen sus propias obligaciones con proveedores, bancos y deben comprar el gas, en el caso de las térmicas.
Y si no fluye el recurso, porque no les pagan la energía que venden se produce un efecto contagio que podría desembocar en un inminente racionamiento en la prestación de energía, a raíz de lo que los organismos de control llaman un riesgo de un apagón financiero.
Desafiante por la escasez de energía en firme y gas, sobre todo porque este es un gobierno de salida que no tomó en su momento las decisiones que debía. ¿Qué podemos esperar?
El gobierno está de retirada y, desafortunadamente, la situación es compleja, porque más allá de la voluntad que puedan tener los actores energéticos la realidad es una sola: el desabastecimiento es posible si no se adoptan decisiones urgentes. Lo que toca esperar es que el próximo gobierno, cualquiera que sea, tenga la voluntad política para enfrentar este problema e implementar soluciones, porque lo que está pasando con el sector energético es lo más parecido a lo del sector salud.
Estamos en presencia de una crisis inducida por el Gobierno que ha mostrado claramente hostilidad frente a los agentes de la cadena. El presidente Petro ha llegado a afirmar que las tarifas de energía que pagamos los usuarios son ilegales. Sus palabras los inducen a no pagar, en especial en la región Caribe, donde tenemos un problema de cartera muy complejo.
Y de calidad del servicio porque no se han hecho las inversiones en infraestructura prometidas…
También el presidente ha planteado que las empresas generadoras se están forrando en dinero, como dicen los españoles, y que toma medidas para contrarrestar la supuesta especulación. Llegó incluso a decir que Pablo Escobar palidecería de saber las pingües utilidades que se embolsaban las generadoras. En esas condiciones, están faltando dos cosas fundamentales que deberá encarar el próximo gobierno. Primero, restablecer la confianza inversionista y segundo, restablecer la seguridad jurídica perdida en este país.
Se necesita un ministro de Minas y Energía, como usted, con rigor técnico, capacidad, firmeza y decisiones claras sobre un asunto que no da más espera…
Es difícil, pero el sistema energético de Colombia ha demostrado una gran resiliencia. Ojalá que esta vez no sea la excepción.
