Una reciente operación de las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare, dirigida contra las disidencias de la estructura de “Iván Mordisco”, dejó como resultado la muerte de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado. En el lugar también fueron recuperados cuatro cuerpos aún sin identificar.
El hecho, que ha generado preocupación y rechazo, vuelve a poner sobre la mesa las obligaciones del Estado en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En este sentido, el presidente Gustavo Petro señaló que “es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”.
“Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vidaEs fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, agregó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ningún menor reclutado por grupos armados debe resultar afectado durante operaciones militares, incluso si estos han sido incorporados como combatientes o cumplen funciones continuas de combate dentro de los campamentos ilegales. La presencia de menores en estos lugares, señala el texto, no habilita automáticamente su consideración como objetivos válidos.
