Este 10 de noviembre el Ministerio de Educación aperturó una investigación en contra de la Fundación de Educación Superior San José luego de encontrar de que han expedido varios títulos universitarios de forma irregular, como lo hicieron con la funcionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero.
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La investigación también involucra a sus directivos y representantes legales, esto por el presunto incumplimiento de las disposiciones constitucionales que regulan la prestación del servicio de educación superior.
La cartera de Educación nacional identificó, en medio de las visitas de inspección, que al parecer esta alma máter expidió por lo menos tres títulos universitarios sin cumplir los requisitos legales para ello, entre ellos, el de Guerrero.
El anuncio de la investigación llega días después de que la fundación universitaria anulara oficialmente el título universitario de la funcionaria luego de comprobarse que no cumplió con los requisitos establecidos para graduarse.
“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el comunicado difundido el pasado 7 de noviembre.
Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre la institución universitaria informó sobre la “detección de irregularidades en el trámite del título académico” de la estudiante.
Es de recordar que esta polémica fue denunciada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien también encontró que la funcionaria, que aspiraba a convertirse en viceministra de la Juventud, no había presentado el examen de Estado Saber Pro, necesario para graduarse de cualquier universidad del país.
Por estas acusaciones, Pedraza fue denunciada por calumnia por la joven ante la Corte Suprema de Justicia y las llamó a conciliación el próximo viernes 14 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción en Bogotá, como antesala del inicio de la investigación formal.
Así quedó consignado en un oficio con fecha del 29 de octubre y firmado por la secretaria de la Sala Especial de Instrucción, Adriana Hernández Aguilar, y en el que también se aclara el delito de calumnia es querellable, lo que hace procedente la conciliación.
“El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”, escribió la parlamentaria confirmando su asistencia el viernes.
