A Mauricio Camacho, nuevo abogado de la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, se le informó este miércoles 15 de octubre que le fue negada la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento en contra de la implicada en el caso de corrupción de la UNGRD.
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Esto significa que la exfuncionaria seguirá recluida en prisión mientras se realiza el juicio en su contra, que está previsto para iniciar en el mes de noviembre.
La defensa de Ortiz alegaba supuestas inconsistencias en la privación de la libertad, pero juzgado 48 penal municipal de control de garantías le negó la petición.
La Fiscalía General de la Nación lo anunció por medio de redes sociales: “La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a la exfuncionaria el 18 de diciembre de 2024, rechazó los argumentos presentados por la defensa, con los que buscaba revocar dicha determinación, y señaló que la Fiscalía ha demostrado que la procesada todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”.
Hay que recordar que Ortiz fue acusada en el mes de septiembre de como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la UNGRD, explicó que, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, se lee en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación.
Ha que recordar que fue señalada de mover en vehículos oficiales 3.000 millones de pesos, que habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso (Iván Name) por el direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad para la Gestión del Riesgo en La Guajira.
La Fiscalía indicó que las pruebas apuntan a que Sandra Ortiz tenía “pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”, el cual iba a ser “destinado para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
