La defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, presentó una nueva tutela con la que pretende la libertad inmediata de la influenciadora.
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En entrevista con Noticias Caracol, el abogado explicó el alcance que se espera con la estrategia, tras utilizar mecanismos judiciales extraordinarios para impugnar la sentencia que mantiene a ‘Epa’ privada de su libertad.
Asimismo, el abogado Sofonías Santacruz Carabalí, le confirmó al medio antes citado que formuló una acción de amparo constitucional ante la Corte Constitucional y en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Cabe destacar que la creadora de contenido fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión, tras ser declarada culpable de los delitos de instigación al terrorismo, perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial, y daño en bien ajeno agravado, luego de protagonizar varios episodios contra una estación del Transmilenio el 22 de noviembre de 2019, en el marco del paro nacional.
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La ‘influencer’ se grabó destruyendo torniquetes y vidrios de la estación Molinos del sistema de transporte público de Bogotá, por lo que fue condenada y además obligada a pagar una multa equivalente a 493 salarios mínimos legales vigentes. De igual forma le fue prohibido publicar contenido en sus redes sociales.
Actualmente, la mujer se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor por motivos de seguridad.
¿Qué dijo el abogado?
Sofonías Santacruz Carabalí, el representante legal de la influenciadora, explicó que esta tutela o recurso constitucional se presenta como un mecanismo de “procedibilidad excepcional”, y busca la protección de derechos fundamentales, así como otras garantías ciudadanas que, a su juicio, fueron vulneradas por la acción de las autoridades judiciales.
En conclusión, precisó que la finalidad de la nueva estrategia es lograr la libertad definitiva de Barrera, solicitando la nulidad de lo actuado desde la diligencia de allanamiento a cargos.
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De igual manera, el abogado Santacruz señaló que el proceso penal había sido vulnerado desde la diligencia de aceptación de cargos, “pasando por el control de legalidad que realizó la juez de conocimiento hasta el último grado de jurisdicción surtido mediante impugnación especial ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese pilar fundamental es nada menos que la garantía de una defensa técnica idónea y real, así como también se vulneró el derecho penal de acto”.
