La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una medida cautelar de cesación provisional, por tres meses, contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora, debido al incremento de quejas por deficiencias en la atención en salud y en la administración de recursos.
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La decisión, que estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, busca proteger el derecho fundamental a la salud de los docentes del magisterio, pensionados y sus beneficiarios, ante la evidencia de fallas reiteradas que comprometen la calidad del servicio y el manejo financiero de la red.
Con esta medida, FOMAG y la Fiduprevisora no podrán suspender, aplazar o negar autorizaciones para exámenes, procedimientos, asignación de citas, entrega de medicamentos y demás servicios requeridos por los afiliados.
Según informó la Supersalud, la decisión se sustenta en hallazgos de seis auditorías realizadas entre 2024 y lo corrido de 2025, que evidenciaron incumplimientos persistentes, como la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, demoras en pagos a prestadores, información incompleta y deficiencias en los controles financieros.
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“La Superintendencia ha requerido a la Fiduprevisora para que informe sobre las acciones adelantadas con la red de prestadores, gestores farmacéuticos y operadores logísticos en materia de depuración, conciliación y pago respectivo; sin embargo, la información suministrada no ha cumplido con los criterios de calidad, oportunidad y pertinencia, lo que ha obstaculizado el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de esta entidad”, expresó la entidad en su resolución.
Además, la entidad de vigilancia denunció que la Fiduprevisora no ha entregado información pertinente ni de calidad frente a sus acciones con prestadores, operadores logísticos y gestores farmacéuticos, lo que ha dificultado el ejercicio de inspección y control.
Durante estos tres meses, las entidades deberán cumplir con obligaciones estrictas. En los próximos cinco días, el FOMAG y su Consejo Directivo deberán presentar un plan para corregir las fallas detectadas y garantizar el acceso a los servicios cerca del lugar de residencia o trabajo de los afiliados. La Fiduprevisora, por su parte, será la encargada de ejecutar dicho plan y asegurar el cumplimiento en la entrega de medicamentos, la respuesta a quejas y el pago a proveedores.
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Finalizado el periodo de la medida cautelar, la Supersalud evaluará si las entidades cumplieron con los requerimientos. De ser así, se levantará la medida y se continuará con vigilancia ordinaria. En caso contrario, podrían adoptarse decisiones más drásticas como una intervención administrativa o el reemplazo en la administración de los recursos.
De forma paralela, la Superintendencia adelanta un proceso sancionatorio contra los responsables, que podría derivar consecuencias administrativas, disciplinarias, fiscales o incluso penales.
