El exsenador sucreño Álvaro Alfonso García Romero abandonará la cárcel Picota, en Bogotá, en las próximas 24 horas.
Desde la libertad provisional que le ha concedido la Corte Suprema de Justicia seguirá afrontando, en la fase de juicio, el proceso que le adelantan por el delito de desplazamiento forzado derivado de la masacre de Macayepo, Bolívar, hecho por el que lo condenaron a la pena de 40 años.
“García Romero enfrentará su proceso en libertad, como corresponde por regla general. El juicio por desplazamiento forzado continúa en curso, y en él perseveramos en la firme convicción de demostrar que el camino jurídico correcto conduce al reconocimiento de su inocencia”, indicaron en un comunicado a la opinión pública sus abogados defensores, Luis Felipe Aguirre Vásquez y Santiago Aguirre Ossa.
En ese nuevo proceso están a la espera de que la Corte convoque a la audiencia de juicio para la correspondiente práctica de nuevas pruebas. Adicional a este, pendiente al menos seis recursos de apelación por libertad, un recurso de apelación por la variación de la calificación de la conducta y un recurso más por el no decreto de pruebas testimoniales.

Explican además los juristas que la libertad provisional a García Romero se produjo porque “desde la formulación de la acusación hasta la fecha han transcurrido aproximadamente ocho años sin que el juicio haya llegado a su conclusión. Ordenar la libertad del señor García Romero no solo sería un acto de respeto al debido proceso, sino también una manifestación de que esta garantía aplica a cualquier ciudadano. Siempre celebraremos la libertad, sin importar a quien se le otorgue. Sólo quien conoce la pena que se carga al estar privado de la libertad, entiende lo valiosa de la misma”.
Insisten en la búsqueda de la absolución de Álvaro García Romero porque “la autoría mediata no se soporta en medios de prueba en este proceso. A la fecha, la teoría con la que se pretende condenar a García Romero —la autoría mediata en virtud de aparato organizado de poder— carece de sustento probatorio. Ello, toda vez que la totalidad de los testigos que han declarado en el proceso han exonerado al exsenador de cualquier pertenencia al grupo AUC – Montes de María”.
Investigados
En un comunicado de prensa, la defensa del exsenador refiere que existe una investigación disciplinaria en contra de ellos; “sin embargo, sostenemos con firmeza que la defensa se ha ejercido empleando todas las herramientas jurídicas que el derecho permite. Con respeto hacia los estamentos judiciales, pero con la convicción propia de quien asume la defensa, se han desplegado las acciones procesales pertinentes dentro del expediente.”
“No se trató de maniobras dilatorias, máxime cuando el auto que ordena la compulsa de copias presenta notorias imprecisiones jurídicas y fácticas frente al contenido del proceso”, concluyeron.