La Contraloría General de la Nación alertó el pasado lunes sobre la pérdida de recursos en un millonario convenio de drones entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y las Fuerzas Armadas de Colombia (FAC). De acuerdo al ente de control altos funcionarios estarían involucrados.
Las irregularidades se habrían detectado luego de una auditoría al Dapre, correspondiente a la vigencia 2024, que incluyó el periodo desde 2021, y a un accidente de dos drones que representan en costos aproximadamente 9.000 millones de pesos.
Asimismo, la Contraloría señaló que los recursos que estarían en riesgo de pérdida sobrepasan los 33.000 millones de pesos, sin que “existan resultados verificables o bienes entregados”.
De igual manera, señaló a una docena de altos funcionarios del anterior y del actual Gobierno, que estarían vinculados al proceso de responsabilidad fiscal.
Se trata de inconsistencias en el convenio interadministrativo 483 de 2021, suscrito entre el Fondo Paz, del Dapre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.
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“Es importante precisar que el valor consignado en el hallazgo corresponde, en un inicio, al costo de los dos drones. Sin embargo, según lo certificado por la FAC al momento de finalizar la auditoría, no se había obtenido ninguna información sobre el sistema de vigilancia estratégica para el cual fueron adquiridos”, añade el comunicado.
Asimismo, el informe de la auditoría indica que: “Se observó una desprotección de los recursos entregados en la fase II, debido a que no se exigieron garantías por parte del Fondo Paz ni se aseguraron los bienes por parte de la FAC”.
¿Qué sucedió con el accidente de los dos drones?
Las irregularidades fueron evidenciadas luego de la siniestralidad de dos drones adquiridos para el primer sistema de control aéreo en las ‘zonas futuro’, territorios priorizados por su alta pobreza, conflicto y presencia de economías ilícitas.
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Estas aeronaves tripuladas remotamente, al parecer, no fueron aseguradas ni reemplazadas. Por lo que tras el accidente, que terminó en pérdida total, no se reclamaron pólizas ni se activaron garantías contractuales, “a pesar de tratarse de bienes estratégicos de altísimo valor operacional”, enfatizó la Contraloría.
En ese sentido, el convenio establecía obligaciones en temas como el control, la supervisión y ejecución entre las partes que lo suscribieron. No obstante, la auditoría evidenció múltiples debilidades en la práctica.
