La Contraloría informó este jueves que adelantó una auditoría a la gestión fiscal desplegada para el pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos asistenciales a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, y sus beneficiarios, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $81.593 millones.
“Esta auditoría financiera se adelantó durante el primer semestre de 2025, sobre la vigencia 2024, producto de la cual se configuraron 21 hallazgos, de los cuales, 20 tienen presunta connotación disciplinaria, tres tienen presunta incidencia penal, uno con otra incidencia para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y siete incidencia fiscal por $81.593 millones. Se evaluaron tres componentes principales: pensiones, cesantías y servicios de salud del Magisterio, incluyendo el nuevo modelo”, se lee.
Por la ineficiente gestión en el cobro de cartera, se constituyó hallazgo con incidencia fiscal, por cerca de $23.800 millones. Igualmente, se identificaron 46 fallos pagados después de diez meses a partir de la fecha de ejecutoria, incumpliendo el plazo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ocasionando el pago de intereses moratorios por cerca de $3.210 millones.
También se evidenciaron pagos de sanciones moratorias por $4.220 millones con recursos TES. Por otra parte, se identificaron pagos de sanciones moratorias por cerca de $48.100 millones con recursos del Fomag, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en relación con la destinación específica de los recursos del Fondo, motivo por el cual se estructuró hallazgo fiscal y con presunta connotación penal para ser trasladado a la Fiscalía.
“Con ocasión de controversias con operadores de salud, Fiduprevisora suscribió 10 contratos de transacción en 2023 y 2024, cuyo valor asciende conjuntamente a $1.191.268.246.910 (cerca de $1,2 billones). Sin embargo, no se evidenció aprobación por parte del Consejo Directivo para a su suscripción, por lo que, se estructuró hallazgo en virtud del cual se efectuarán los traslados correspondientes a la Procuraduría General y a la Fiscalía General de la Nación”, agrega el reporte.
Y sobre el nuevo modelo de salud indica el ente de control que se recibieron hechos noticiosos por la presunta conformación indebida de grupos empresariales para el favorecimiento de algunas IPS, así como la presunta constitución de sociedades ficticias y la destinación de recursos a sociedades radicadas fuera del país con fines de presunto ocultamiento de recursos y enriquecimiento ilícito. Igualmente, se han denunciado presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratos de transacción. Estas situaciones pueden constituir presuntos hechos penales, que fueron trasladados a la Fiscalía.
“En relación con la implementación y ejecución del nuevo modelo de salud durante la vigencia 2024, se estructuraron hallazgos con presunta connotación disciplinaria derivados de lo siguiente: Omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para el pago de contratos y/o facturas provisionadas al cierre de 2024, por cerca de $75 mil millones, motivo por el cual, eventuales obligaciones derivadas de la prestación del servicio quedaron sin respaldo presupuestal; inoportunidad en la formulación de glosas a facturas de prestación de servicios médicos, situación que podría generar riesgo de pérdida de recursos públicos ante la posibilidad de reclamaciones para el pago de intereses; se evidenció que, para 52 contratos, por cerca de $648 mil millones, no se suscribió acta de inicio, así mismo en 6 contratos de prestación de servicios de salud, por cerca de $168 mil millones, no se constituyeron las garantías contractualmente pactadas, o su constitución no fue oportuna; lo que podría encuadrarse en el tipo penal de ‘Contrato sin cumplimiento de requisitos legales’, motivo por el cual, se realizará traslado a la Fiscalía General de Nación”, añade el informe.
Así mismo, se identificaron 13 contratos de prestación de servicios de salud por cerca de $525 mil millones que iniciaron ejecución sin la expedición previa de los correspondientes CRP, por lo que se inició la ejecución contractual sin contar con amparo presupuestal; en relación con el contrato 12076-024-2024 de servicios de salud del primer nivel, se evidenciaron múltiples falencias en la determinación de la población a atender y del valor, puesto que inicialmente se suscribió por $31.184.144.994 y finalmente se modificó a $776.911.624, sin que se haya efectuado oportunamente la liberación de saldos por $30.407.233.370, lo cual evidencia un alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos.
También se evidenciaron incongruencias en las fechas de las actas de recibo de los módulos del Sistema SUIM-Horus (sistema para la administración del nuevo modelo), teniendo en cuenta que algunos módulos se instalaron con anterioridad a la fecha de suscripción e inicio del contrato; se identificó que, al contrato 12076-008-2020 con la UT Riesgos Laborales, cuyo valor inicial fue $4.039.490.000, se le realizó adición equivalente al 127,6% por $5.154.092.104, porcentaje superior al límite del 50% para las adiciones, según el Manual de contratación vigente para la época de los hechos. Asimismo, se evidenció incumplimiento del plazo para el pago de 43 facturas, lo que puede implicar la generación de intereses por mora.
“En materia del modelo de salud, conforme los hallazgos detectados por la Contraloría, se trasladará por competencia a la Fiscalía General de la Nación lo evidenciado en relación con la suscripción de contratos de transacción sin previa aprobación por parte del Consejo Directivo del Fomag y la falta de constitución de garantías para contratos de servicios de salud de primer nivel”, concluye.
