El decreto que convoca a consulta popular, el cual fue firmado el miércoles por el presidente Gustavo Petro, llegó el jueves 12 de junio a la Corte Constitucional. Pero, ahora se conoció el magistrado que será ponente de la propuesta.
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Se trata de Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien es el actual presidente de la Corte Constitucional. Este será el encargado de estudiar y analizar la constitucionalidad del decreto 0639.
Ahora, el togado tendrá que ordenar las pruebas que considere necesarias, pedir los conceptos para preparar su ponencia, que luego será debatida entre los otros nueve magistrados.
Hay que recordar que contra el decreto hay varias demandas, no solo ante la Corte sino también ante el Consejo de Estado. Ante esto, el alto tribunal podría suspender los efectos de la normativa mientras se decide de fondo sobre su legalidad.
Las demandas contra el decreto
El mismo jueves se conoció que ocho partidos políticos, tanto de la oposición como independientes, radicaron una demanda ante el Consejo de Estado en contra del decreto.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal presentaron la demanda sustentada en cuatro cargos principales y argumentaron que la normativa representa una “grave ruptura del Estado de Derecho”.
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Según el comunicado, esos cargos son: “Vulneración al estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones por parte del presidente y violación del debido proceso por desconocer el concepto previo favorable del Senado”.
En su demanda, los partidos solicitan al Consejo de Estado, autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente el decreto presidencial, con el objetivo de evitar gastos presupuestales irreversibles y proteger el orden constitucional.
Por su parte, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció penalmente ante la Fiscalía por prevaricato a todos los que firmaron el ‘decretazo’ de la consulta popular.
Así mismo, la legisladora opositora demandó el decreto por inconstitucionalidad y le pidió al registrador Hernán Penagos no convocar a las elecciones para votarla.
