La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, enfrenta duros cuestionamientos por su presunta injerencia en el proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerado el mayor del actual gobierno. En el centro del debate está la solicitud de principio de oportunidad hecha por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y una de las testigos más importantes del caso.
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Y es que, en un primer momento, Camargo había sostenido por escrito que su despacho no interviene en las decisiones sobre principios de oportunidad, señalando que estos trámites corresponden a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. “Se delegó expresamente a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a tramitar los principios de oportunidad en los casos que hayan recibido por asignación especial”, afirmó en una comunicación oficial fechada el 13 de mayo.
No obstante, un documento reservado de la propia Fiscalía, fechado apenas un día después, contradice esa afirmación. En este, funcionarios advierten que la solicitud de Ortiz estaba “pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la nación”. Esto implica que la última palabra sobre la colaboración judicial de Ortiz no la tenían los fiscales del caso, sino la propia jefa del ente acusador.
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Esta situación adquiere mayor gravedad debido a que Ortiz entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración el pasado mes de marzo —que en un principio había sido tomada en cuenta como pieza de gran interés en la investigación—, en la que señala a figuras clave del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los señalados se encuentran: Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional; e Iván Name, expresidente del Senado y hoy detenido.
No obstante, pese a la importancia que esta podría tener, de acuerdo con un documento firmado el 14 de mayo por Juana Marcela Cárdenas, jefa encargada del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía, la colaboración de Ortiz seguía supeditada a una autorización expresa de Camargo. “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica fue una matriz de colaboración (...) pendiente de la autorización por parte de la señora fiscal general de la nación”, indica la resolución.
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La fiscal ha insistido en que su rol se limita a la dirección general y a la descentralización de decisiones como el principio de oportunidad, sin injerencia directa en casos particulares. Sin embargo, según diversas fuentes del organismo judicial, esa versión no se ajusta a la práctica interna. “La suscrita no adelanta la referida investigación en contra de (Sandra) Ortiz Nova”, respondió Camargo a una recusación radicada en su contra, reiterando que el caso estaba en manos de fiscales independientes.
Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien interpuso la recusación, afirma tener pruebas de lo contrario. En un escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia, solicitó que se certifique bajo juramento si la decisión de no aprobar el principio de oportunidad pasó por el despacho de Camargo. “Tengo la evidencia de que la negativa (...) fue de la fiscal general”, advirtió.
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Además, también han salido a la luz conversaciones de fiscales del caso que, según reveló la ‘revista Semana’, confirman que la aprobación del principio de oportunidad para Ortiz dependía exclusivamente de la fiscal general.
La defensa de Sandra Ortiz ha solicitado la designación de un fiscal ad hoc, argumentando que la relación de Camargo con personas mencionadas en el testimonio de Ortiz compromete su imparcialidad. En particular, señalan a Vladimir Fernández, a quien Ortiz vinculó con presuntas maniobras para asegurar su elección como magistrado mediante recursos de la Ungrd.
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En su matriz, Ortiz relató que en octubre de 2023 entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name con dos fines: impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso y facilitar la elección de Fernández. Según su versión, parte de esos recursos provenían del entramado de corrupción de la Ungrd.
Pese a la gravedad de las denuncias, la Fiscalía no ha compulsado copias contra Fernández ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, la entidad negó protección a la familia de Ortiz poco antes de una diligencia ante la Corte Suprema, lo que llevó a la exfuncionaria a abstenerse de declarar, según su defensa, ante el riesgo que enfrentan sus hijas y la falta de garantías procesales.
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A esto se suma una reciente decisión de la Fiscalía de no apelar el fallo que rechazó el acuerdo con Olmedo López, exdirector de la Ungrd y otro testigo clave en el proceso. López ha señalado a varios altos funcionarios y congresistas, pero su colaboración quedó suspendida tras la decisión judicial, que quedó en firme ante la inacción del ente acusador.
De acuerdo con lo que se supo gracias a las revelaciones hechas por ‘Semana’, el manejo de estos casos ha generado inconformidad en sectores de la Rama Judicial. En la Corte Suprema de Justicia, que eligió a Camargo en marzo de este año, hay creciente malestar, al igual que en el Consejo de Estado, donde cursa una demanda que podría anular su nombramiento.
En medio de este escándalo, la legitimidad de la jefa del ente investigador se ha puesto en entredicho, no solo por sus declaraciones contradictorias, sino también por las decisiones que ha tomado y que, según se afirma, han frenado importantes colaboraciones de funcionarios en el esclarecimiento de uno de los mayores y más recientes desfalcos al Estado.
