Una nueva tormenta de críticas ha azotado al Gobierno nacional luego de que se conociera que en 82 municipios de ocho departamentos (Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Santander y Boyacá) los dueños de predios como fincas, haciendas o cualquier terreno, que están interesados en vender sus propiedades, deben ofrecerlas primero a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que, según advierten, se trataría de una expropiación encubierta.
Así quedó planteado en una circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) el pasado 27 de mayo y dirigida a todos los notarios del país.
En el documento se lee que la medida obedece al cumplimiento del Decreto 033 de 2025, que busca agilizar los procesos de compra de tierras para la reforma agraria.
De acuerdo con la circular, estos son los municipios, especialmente de la región Caribe, que están en la lista de los priorizados por parte del Gobierno para sacar adelante la reforma agraria.
Así las cosas, los ciudadanos que tengan predios en los municipios anteriormente mencionados “deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (...) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”, lo que limita a los propietarios la libre compra y venta de sus predios.
Para esto, los vendedores deben llenar un formulario previo al proceso y si a la ANT le interesa el predio lanza una oferta que debe ser prioritaria por encima de las otras, lo que en otras palabras es un derecho privilegiado de compra. La entidad del Gobierno podrá ejercer la opción de compra bajo las condiciones acordadas entre las partes, siempre que no superen el avalúo comercial.
Luego de llenar el formulario, la ANT tendrá 15 días hábiles para pronunciarse sobre la opción de compra preferencial. En caso de no recibir respuesta en el tiempo estipulado, el propietario queda en libertad de continuar con la venta a un tercero.
Expropiación encubierta
El ex viceministro de Agricultura Juan Gonzalo Botero advirtió que la circular en mención podría tratarse de una “expropiación” y de un “zarpazo a la propiedad privada”.
“Este es el primer golpe a la propiedad privada rural. ¿Nos dejaremos meter la expropiación?“, señaló en su cuenta de X, añadiendo que esta medida generará ”consecuencias graves en el mercado de tierras de los municipios priorizados”.
A su turno, Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticó: “Ahora las personas le tienen que informar al Gobierno cuando quieran comprar o vender una finca en las zonas que determine Minagricultura. La Agencia Nacional de Tierras puede detener la venta entre particulares y comprar el predio. Es una nueva amenaza a la propiedad privada rural.El Gobierno quiere apoderarse de la tierra y sabotear el desarrollo del campo. Nos opondremos”.
“Ninguna ley autoriza al Gobierno a obligar a las personas a notificarle cuando quieran vender una finca o un lote. Los ciudadanos son libres de comprar y vender cuando quieran. Esto es una extralimitación con la cual se perseguirá a los propietarios y se detendrá el desarrollo del campo. Demandaré el decreto y la resolución con que el Gobierno pretende iniciar una persecución contra el agro”, agregó la opositora.
Por su parte, Isabella Hernández, superintendente delegada de Notariado, explicó que la circular no es una novedad, sino “una herramienta para agilizar la reforma agraria (...) lo que se busca con la expedición del decreto es una herramienta que permita darle agilidad al proceso”.
Sobre la venta del predio, Hernández dijo en Blu Radio que “el avalúo comercial se convierte en la base para determinar el precio de compra, garantizando que el ciudadano no perderá con la transacción”.
Y desmintió que se trate de expropiación: “Es algo muy distinto a una expropiación, es una negociación, un acuerdo. Cuando prima el interés público, el interés particular cede”, detalló.
En ese sentido aseveró que si bien el derecho a la propiedad privada es importante, “la propiedad en Colombia cumple una función social”. Insistió en que esta medida no es nueva, ya que los “notarios y registradores ejercen un control de legalidad respecto a esas ventas cuando debe quedar inmerso en la escritura la manifestación de que (el predio) ha sido ofertado a la ANT”.
