En medio del estudio de exequibilidad que adelanta la Corte Constitucional de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro aprobada en el Congreso, el alto tribunal pidió a distintas entidades judiciales y administrativas la remisión de las pruebas que se analizan en los procesos que se siguen por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
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Esto para establecer, entre otros temas, si el aval del Legislativo al proyecto de ley tuvo que ver con las aparentes coimas que se habrían pagado a congresistas.
El despacho del magistrado Jorge Ibáñez, ponente del caso, le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia copia de las declaraciones e interrogatorios de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros, así como de documentos que respaldaron la medida de aseguramiento contra la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
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Así mismo, el alto tribunal solicitó conocer las declaraciones de los congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a los que se les habrían adjudicado contratos públicos a personas cercanas a cambio de que votaran sí a créditos internacionales para el Gobierno.
“Copia de las declaraciones de Jaime Ramírez Cobo (ex asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Carlos Ramón González (ex director del Dapre y de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI), Luis Fernando Velasco (ex ministro del Interior), así como la declaración del exsenador Pedro José Castro Espinosa”, se lee.
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Así mismo, la sentencia contra Pinilla de cinco años y ocho meses tras un preacuerdo con la Fiscalía, y las órdenes de captura contra los ex presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
