La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP por su responsabilidad en 827 secuestros individuales y colectivos cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.
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Los hechos, según dio a conocer la jurisdicción, ocurrieron principalmente entre 1993 y 2002, durante el periodo de expansión de este bloque, que llegó a contar con al menos 1.320 combatientes y un número no determinado de milicianos.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, los secuestros se realizaron siguiendo tres patrones definidos: obtención de recursos económicos, consolidación del control territorial y presión sobre el Estado para lograr intercambios por guerrilleros presos.
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Los cinco comparecientes imputados fueron miembros del Estado Mayor del Bloque Caribe, el órgano de mayor jerarquía dentro de esa estructura después del Secretariado de las Farc-EP.
Se trata de Abelardo Caicedo, quien también comandó los frentes 41 y 19; Osmany Landero, comandante del Frente 35; Gilberto de Jesús Giraldo, quien tuvo funciones en el Frente 41; Luis Cuadras, al mando del Frente 59; y Uriel Oviedo, comandante de frentes 35 y unidades del Frente 37.
Según la magistratura, estas personas tenían capacidad de mando y control sobre sus tropas, ejecutaban órdenes del Secretariado y disciplinaban a sus subalternos. En ese marco de autoridad, también se les atribuye responsabilidad por delitos conexos cometidos en medio de los secuestros, entre ellos desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, tortura y violencia sexual.
La mayoría de las víctimas fueron retenidas durante operativos conocidos como “pescas milagrosas”, en zonas rurales y carreteras del Caribe. Se trataba de civiles sin vinculación con el conflicto, muchos de ellos sin capacidad económica para pagar los montos exigidos por su liberación, que oscilaban entre uno y cinco millones de pesos. En varios casos, las víctimas fueron retenidas por meses o incluso años, y algunas no sobrevivieron al cautiverio.
La jurisdicción también documentó secuestros orientados a obtener influencia política o estratégica. Tal fue el caso de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, asesinada en 2001 tras ser secuestrada en el Cesar.
Otro hecho documentado es el del exministro de Desarrollo, Fernando Araújo, quien permaneció seis años en poder del Bloque Caribe, hasta su fuga en 2007.
La JEP estableció que el Bloque Caribe tenía la misión de producir al menos dos millones de dólares anuales para sostener a la organización. A diferencia de otras estructuras guerrilleras, esta no obtenía ingresos significativos del narcotráfico, por lo que su operación financiera se basó principalmente en secuestros extorsivos y cobro de “vacunas”.
En regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana, el bloque ejecutó una estrategia sistemática para consolidar su presencia armada. Esto incluyó la retención de integrantes de la fuerza pública, presuntos colaboradores de grupos paramilitares y personas señaladas como opositores a sus intereses.
Según la JEP, el gremio ganadero fue uno de los más afectados: casos como el de la familia del empresario Roberto Lacouture, víctima de 14 secuestros —seis de ellos atribuidos a las Farc-EP—, fueron destacados por el tribunal.
Acorde con lo que se supo, la imputación se dirige exclusivamente contra excombatientes que sobrevivieron al conflicto, dejaron las armas y se acogieron al Acuerdo Final de Paz de 2016. Otros comandantes del Bloque Caribe, como Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’, no fueron incluidos por mantenerse como disidentes armados. Juan Hermilio Cabrera, alias Bertulfo Álvarez, también comandante del bloque, fue imputado previamente, pero falleció en 2021.
Durante las diligencias ante la justicia transicional, los exintegrantes del Bloque Caribe reconocieron los hechos y ofrecieron disculpas públicas a las víctimas. El proceso continúa su curso dentro del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las antiguas Farc-EP a nivel nacional.
