Desde la Federación Colombiana de Ganaderos, con palabras de su presidente José Félix Lafaurie Rivera, se sumaron a las advertencias que han hecho varios gremios sobre la expropiación de tierras que pretende el Gobierno como parte de las medidas tomadas con la conmoción interior.
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Señala Lafaurie que el Gobierno está “dando muchas vueltas” para poder aplicar en la Ley 1523 de 2012, que adopta la política de gestión del riesgo de desastres, donde encontró lo que buscaba desde el Plan de Desarrollo y luego en el proyecto de Jurisdicción Agraria: “Una medida sumaria de expropiación administrativa con el mínimo de recursos para el propietario”.
“Es increíble que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994… genera demoras’ ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”, dijo el dirigente gremial.
En un comunicado, Fedegán recalcó que la región del Catatumbo está “sometido a la maldición del cultivo de coca”, pero no por eso se pueden “no se pueden trasplantar unas medidas extraordinarias de la Ley de Gestión del riesgo de ‘desastres naturales’, a una Ley expedida en el marco de la declaratoria de Conmoción Interior por la situación de orden público en la región”.
Asegura el gremio que este decreto no podría usarse como pretexto para extender a otras regiones del país ese régimen excepcional y trasplantado desde la legislación para la gestión del riesgo de desastre.
“Al margen del derecho del campesino, el reinsertado o el indígena a su parcela, que lo comparto, no entiendo la obsesión por creer que esa es la panacea, la solución para todo. Puedo asegurar que, ahora mismo, los 40.000 desplazados no están pidiendo tierra, muchos ya la tienen y están más preocupados por su seguridad y su vida, por no perder lo que ya poseen”, manifestó Lafaurie.
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Por eso, el presidente de Fedegán aseguró que lo primero que habría que hacer con respecto al Catatumbo es “primero, la restitución del orden y la seguridad de los pobladores; y, segundo, la protección de las tierras abandonadas por los desplazados, en riesgo de despojo por parte de los bandidos que tienen incendiada la región”.
Añadió: “Sí, dentro de los planes de recuperación se necesitan tierras, pero no desnudas, sino con proyectos productivos y asistencia técnica, con vías decentes, escuelas, centros de salud, crédito, y ese largo etcétera que siempre falta en los procesos de reforma agrarias, pues ahí están las de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla, que lo que necesitan son programas de sustitución con mercados, sino las de cultivos industriales ilícitos, que los hay, que ni siquiera son objeto de expropiación, sino de extinción de dominio por ministerio de la ley, en razón a su utilización en actividades ilícitas”.
