La seguridad volvió al centro del debate presidencial, no por cálculo político sino por presión ciudadana. En Barranquilla y el Atlántico, el clamor es inequívoco: la gente desea vivir sin miedo. Las cifras lo explican mejor que cualquier discurso. Solo en abril se registraron 104 muertes violentas en el departamento —54 en la capital— y en lo corrido de 2026 ya suman 394, 116 más que en el mismo periodo del año anterior. Predomina el sicariato, crecen los asesinatos de mujeres y la mayoría de víctimas son jóvenes menores de 30 años. Detrás de cada estadística se revela una constante, en la que aparecen una feroz disputa por rentas ilegales y el control territorial y una institucionalidad que no es capaz de contener la espiral.

En la calle, como lo pudo comprobar EL HERALDO, el diagnóstico es más directo que técnico. Los ciudadanos aseguran que falta autoridad, sobra impunidad y exigen presencia efectiva, inteligencia contra la extorsión, control del microtráfico y una justicia que no devuelva a los delincuentes a las esquinas a los pocos días, en una puerta giratoria inacabable. También demandan reformas de fondo a la fuerza pública y al sistema judicial. No buscan mensajes grandilocuentes en tono victorioso o sin la menor autocrítica; exigen resultados medibles.

También es cierto que el deterioro de la seguridad no es exclusivo del Atlántico. A nivel nacional se han consolidado gobernanzas criminales en vastas zonas del Cauca, Putumayo, Chocó, el Catatumbo, Nariño, los sures de Bolívar y Córdoba o la Sierra Nevada. Allí grupos armados ilegales imponen sus normas, administran economías ilícitas y, en ausencia parcial o absoluta del Estado, ganan aceptación social. Un fenómeno complejo que desafía la seguridad y compite por la legitimidad institucional. Mientras, la paz total, lejos de desactivar esas dinámicas perversas, como el saliente gobierno le vendió al país, ha exhibido excesos y abusos, como sus frágiles treguas, que le facilitaron adaptación a la criminalidad.

En ese sentido, los candidatos presidenciales están obligados a rectificar. Inevitablemente, la seguridad se politiza en su sentido más crudo, no como un consenso nacional, sino como un campo de disputa sobre el tipo de Estado que los colombianos estarían listos a respaldar.

La propuesta de mano dura de Abelardo De la Espriella conecta con el hastío ciudadano por el desborde de la inseguridad en zonas urbanas y rurales. Su discurso, centrado en el castigo ejemplar, la recuperación del control territorial y el desmonte frontal de las estructuras criminales, capitaliza una exigencia de máxima autoridad que hoy parece mayoritaria entre la gente. No es casual. Cuando la violencia se normaliza y la impunidad se percibe como regla, amplios sectores de la sociedad se deciden a apoyar respuestas contundentes, incluso si estas plantean dilemas en materia de derechos o de la misma sostenibilidad institucional.

Paloma Valencia enfrenta una tensión estratégica más compleja. Su propuesta original, con énfasis en inteligencia financiera y fortalecimiento de la fuerza pública, busca el equilibrio entre firmeza y gobernabilidad. Sin embargo, la deriva por la situación de inseguridad en el país la ha empujado a endurecer el tono. Ese desplazamiento, aunque comprensible en términos electorales, la expone a un costo político, porque al alejarse del centro que intenta conquistar, diluye el diferencial entre una derecha más técnica versus una más punitiva.

En contraste, Iván Cepeda encarna la continuidad del enfoque actual. Su apuesta por la “seguridad humana”, centrada en atender causas como la pobreza y la exclusión, reproduce la lógica del gobierno Petro, cuyos resultados en materia de orden público son ampliamente cuestionados. En un país donde la percepción de inseguridad crece y las cifras soportan esa preocupación, su propuesta enfrenta un escepticismo difícil de revertir por la prolongación de una política que no solo no logró contener la expansión del crimen, sino que lo amplificó.

Nuestra nación no puede seguir atrapada entre promesas y diagnósticos. El votante se decantará por la orientación que ofrezca resultados en el corto y mediano plazo. Porque la seguridad no admite ambigüedades: o se recupera el monopolio legítimo de la fuerza y se desmantela el crimen donde el Estado retrocede o la violencia seguirá dictando las reglas, como en estos aciagos años. El próximo presidente recibirá un país acorralado. Su mandato deberá ser claro, exigente y, sobre todo, focalizado en la lacerante realidad de los territorios para reducir homicidios, contener la extorsión, recuperar zonas y restablecer la confianza ciudadana. Todo lo demás será insuficiente y nos dejará, aún más, a merced de los violentos.