El robo de agua en la ruralidad del Atlántico dejó de ser una irregularidad marginal para convertirse en una práctica —cada vez más sistemática— que socava derechos básicos de la población más vulnerable del departamento y erosiona la legitimidad de las instituciones.

Lo que confirman los operativos recientes liderados por la Gobernación no admite matices: finqueros y terratenientes siguen conectándose ilegalmente a las redes para desviar un recurso vital que pertenece, en primer lugar, a las familias pobres. Es un abuso inaceptable que no solo degrada la calidad del servicio, sino que profundiza la desigualdad en territorios donde el acceso al agua ya es precario. Lo que hacen, porque sin duda alguna conocen de sobra las consecuencias de sus irresponsables acciones, los convierte en unos desalmados.

Las cifras reveladas por EL HERALDO son tan elocuentes como alarmantes. Más de 1.500 metros cúbicos de agua se hurtan al día, lo que ocasiona pérdidas por el orden de los $2.000 millones y afectaciones a 40.000 personas. Cada derivación clandestina extrae caudal, en tanto fractura la lógica de un sistema diseñado para distribuir de manera equitativa un bien escaso. Lo que ahora se traduce en baja presión, intermitencias y fallas en la continuidad del servicio, como lo denuncian las mismas comunidades, mañana puede convertirse en un desabastecimiento para miles de hogares. Y en esas zonas rurales, donde la infraestructura es frágil y las alternativas son limitadas, el impacto acaba siendo rotundamente devastador.

Si la baja presión crónica, el desabastecimiento intermitente y los riesgos sanitarios por las conexiones ilegales en los municipios no fueran ya lo suficientemente graves, la posibilidad de que se consolide durante el segundo semestre del año un nuevo fenómeno de El Niño pasa a ser una amenaza directa a la sostenibilidad del sistema hídrico. Y es que cuando la disponibilidad del recurso se reduce, por efecto de la sequía, y la presión sobre las redes aumenta, tolerar que el robo de agua se expanda sin ningún control es, sencillamente, una irresponsabilidad colectiva de alto costo social que condenará a la gente a la mayor escasez.

Cada metro cúbico de agua robado hoy es un metro cúbico que faltará en unos meses cuando ‘El Niño’ apriete. De ahí que se requiera la máxima previsión para gestionar el recurso, asunto que se hace aún más complejo para las autoridades que deben enfrentar, además, el hurto sistemático del líquido. Así que conviene señalarlo con total claridad: este no es un problema técnico; es, ante todo, un delito —defraudación de fluidos, se llama— y debe ser perseguido con todo el peso de la ley. También constituye un quiebre ético vergonzoso, porque apropiarse del agua destinada al consumo humano para dedicarla a usos agropecuarios, llenar jagüeyes y piscinas o sostener actividades productivas privadas transgrede las reglas de las concesiones otorgadas por la autoridad ambiental del Atlántico.

Resulta todavía más indignante si se considera el esfuerzo fiscal detrás de las mejoras del sistema. La Gobernación ha invertido más de $1,3 billones para ampliar cobertura y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, esas inversiones pierden eficacia cuando el recurso es capturado ilegalmente en el trayecto. El mensaje que le queda al ciudadano es desolador: mientras unos cumplen y pagan por su consumo, otros se apropian de él sin sanciones o efectos concretos. No hay política pública que resista si la infraestructura es perforada, un día sí y el otro también, por ladrones profesionales que insisten en normalizar la ilegalidad.

La reincidencia —que alcanza el 60 % de las conexiones intervenidas— confirma que los operativos, aunque necesarios, son insuficientes si no se acompañan de judicialización efectiva, sanciones adecuadas y un control permanente. También exige corresponsabilidad social: denunciar, vigilar y rechazar estas prácticas debe convertirse en una causa colectiva.

El Atlántico no puede darse el lujo de encarar ‘El Niño’ con un sistema debilitado desde adentro. Proteger el agua es proteger la vida. Y eso implica actuar con firmeza ante esta inadmisible forma de despojo con los más frágiles. Frenar los robos no es una opción, sino una urgencia. Porque cuando la sequía arrecie —como ya ha ocurrido antes—, no habrá margen para la improvisación ni para excusas ante una crisis mayúscula que pudo evitarse.