Garantizar el derecho a una vivienda digna a todas las poblaciones vulnerables del territorio. Este fue el llamado que hizo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales -Asocapitales- a los jueces del país.
{"titulo":"Procuraduría ya culminó la etapa investigativa en caso de Nicolás Petro","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/procuradora-margarita-cabello-habla-sobre-avances-en-investigaciones-contra-nicolas"}
Lo anterior con el objetivo de que se haga cumplimiento a las sentencias de órdenes de desalojo y que se efectúen una vez éstas sean emitidas y no varios años después.
“Obligar a los alcaldes a cumplir este tipo de sentencias proferidas hace varios años, en donde la problemática de los asentamientos humanos ilegales cambia radicalmente, significa desconocer el derecho fundamental a la vivienda digna de las poblaciones vulnerables que los habitan y genera una alteración al orden público”, emitió Asocapitales en un comunicado.
Sumado a esto, expuso el caso del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quien se vio obligado a cumplir tres días de arresto como consecuencia del desacato de una orden de desalojo proferida por la Corte Constitucional mediante sentencia T-946 de 2011 de hace 13 años.
{"titulo":"Llaman “incoherente” al Gobierno por su postura en la OEA sobre Venezuela","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/elecciones-en-venezuela-critican-al-gobierno-de-colombia-por-abstenerse-de-votar-en"}
Agregó, además, que hoy el asentamiento ha crecido hasta llegar a 8.000 familias que ocupan el predio en condiciones de habitabilidad diferentes.
Igualmente, Asocapitales envió un mensaje al Gobierno nacional para que, de manera conjunta y coordinada con los mandatarios locales, y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, particularmente de sus artículos 38 y 298, se efectúe el reasentamiento y la legalización de los asentamientos humanos informales de las ciudades.
