El nuevo proyecto de ley que busca prohibir la venta de cualquier producto alusivo a narcotraficantes colombianos como Pablo Escobar, fue propuesto por el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cristian Avendaño.
La iniciativa consta de tres artículos, y es el Congreso el encargado de decidir si debate o no este proyecto de ley que prohíbe también la distribución, comercialización y emisión de este mercado, como series de televisión, películas y demás piezas gráficas.
El lema del proyecto es ‘No Más Cultura Mafiosa’ y busca la mayoría de votos en el Senado y la Cámara para que sea ley el no enaltecer la imagen de personas condenadas por esta clase de delitos en el país.
“Durante décadas, Colombia ha estado bajo la sombra de la violencia, y hemos construido nuestra identidad alrededor de un sinnúmero de hechos dolorosos”, indicó Avendaño en su cuenta de X el pasado 31 de julio.
Asimismo, el representante de Alianza Verde pidió no seguir recordando “a quienes tanto daño le hicieron al país”, refiriéndose a Pablo Emilio Escobar Gaviria y demás narcotraficantes que marcaron la historia de Colombia.
Normas y excepciones de los tres artículos
El proyecto de ley está compuesto de tres artículos que incluyen cláusulas sobre su vigencia y una enmienda al Código Nacional de Seguridad y Convivencia.
La iniciativa busca prohibir la distribución, venta, posesión y uso de símbolos, material audiovisual, propaganda e incluso vestimenta que referencia a estos sujetos condenados por los delitos de narcotráfico y afines.
De ser aprobado por el Congreso, el proyecto establecería sanciones para aquellos que incumplan estas normas, como una multa para quienes comercialicen estos artículos, la suspensión temporal de sus actividades económicas, y hasta la destrucción de los bienes en posesión.
Respecto a las excepciones, la iniciativa de ley avala las actividades relacionadas con pedagogía ciudadana, enseñanza o investigación. De igual manera, la prohibición no se efectuará a la propaganda electoral de personas condenadas que hayan cumplido su pena y estén autorizados para ocupar cargos de elección popular.
