Jazmín* podía tener entre 13 y 15 años cuando se dio cuenta de que su vida estaba a nada de extinguirse. Era cuestión de que pusiera una mala a cara a quien no tenía, de caminar por el lugar equivocado, de rechazar a alguien poderoso o de susurrar alguna queja, en una tierra donde reinaba irónicamente el plomo y el silencio, para que terminara flotando en el río. Nadie iba a hacer nada para protegerla. Estaba condenada a ser de los tantos muertos que el agua se llevó.
El escenario no la favorecía para nada. Era una niña indígena, eran los años 80 en Colombia y su resguardo estaba ubicado a más de cuatro de horas del casco urbano de Mitú, la capital del departamento de Vaupés, en el lejano sur de Colombia, una tierra históricamente ignorada por el centralismo, por las principales capitales, por casi todos los escudos del Estado.
Pero más allá de su desconexión y olvido, lo verdaderamente cruel era que su día a día estaba controlado asfixiantemente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que ejercían fuerte presencia en de la mayoría de esos pequeños pueblos fronterizos con el norte de Brasil por la abundancia de coca.
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Los comandos de la guerrilla no pudieron ser más abusivos contra su comunidad. Violaron a cuanta niña, algunas con poco menos de 10 años, caminaba por sus dominios. Las esclavizaban, las llevaban a sus campamentos por semanas y luego las devolvían sin que nadie refunfuñara. Sin que nadie alzara el grito. Los que se atrevían a criticar sus acciones eran inmediatamente asesinados. Y los indignados, que masticaban odio y rencor por la sangre inocente derramada, veían como los meses pasaban sin que su venganza llegara por el miedo a los fusiles.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entre 1957 y 2016 se registraron 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio. Sin embargo, el subregistro es mucho mayor.
Jazmín no quería eso para su futuro. No quería ser la esclava de un guerrillero, ni quería seguir raspando más coca para poder sobrevivir. No quería ser más acosada. No quería sobrevivir a uno de los tantos bombazos de los subversivos que de por sí ya le habían causado varias cicatrices en la piel y habían dañado severamente uno de sus oídos. Entonces un día, a espaldas de su familiar, decidió huir. Sin embargo, de ella no se supo más. Todos la dieron por muerta.
El reencuentro
El año pasado, luego de más de 30 años de estar ‘fuera del mapa’, Jazmín, que por cosas del destino logra escapar con vida de sus enemigos y termina llegando a la región Caribe, empezó a tocar puertas para que alguien le diera a razón a sus seres queridos que ella aún estaba viva. La tarea no era fácil. La otrora niña indígena, hoy toda una mujer de más de 50 años, no tenía ningún vínculo que la atara a su pueblo. Hace varios años que había decidido radicarse en familia, aprovechando las oportunidades laborales que le surgieron en casas de familia; sin embargo, la sangre la llamaba.
Funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se pusieron en contacto con ella y, tras gestiones complejas en territorios bastante alejados, lograron tender el puente entre la familia separada por el conflicto armado.
La alegría del reencuentro ( se realizó de manera virtual) también tuvo su amargura por la muerte de la madre de Jazmín, que nunca supo que su hija prosperó en una tierra lejos de la guerra, de los abusos, del dolor, de la coca.
“Cuando me contaron donde estaban ubicados mis familiares (debido a la gestión de la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas) me puse muy feliz. Me puse feliz porque mis hermanos estaban vivos. Yo me imaginaba que algunos habían fallecido por la edad y cosas así. Yo pensaba y preparé mi corazón porque sabía que mi mamá no estaba viva. Eso me hizo derrumbarme en el momento, pero cogí fuerzas porque aún tengo a mi familia”, contó la mujer.
“Para cerrar este proceso me gustaría ver a mi familia, sentirlos, me gustaría abrazarlos, decirles que me han hecho mucha falta, decirles que nunca los he dejado de buscar, que los amo, que los he amado siempre. Tengo mucha alegría porque habemos muchas personas que no tenemos a nuestras familias”, agregó.
De acuerdo con la UBPD, en la actualidad hay un universo inicial de 111.610 personas dadas por desaparecidas en el país. La mayoría de ellas están relacionadas con el conflicto armado en el país.
“La mayoría de personas que se buscan en el país lamentablemente están muertas. Cuando por fin aparecen están en cementerios o fosas comunes, por eso en la unidad nos llena de mucha alegría, de mucha emoción y esperanza estos casos que vuelven a reconstruir el tejido de las familias que fueron separadas por el conflicto. En este caso, Jazmín es una mujer que salió desplazada huyendo de la violencia. Ella resultó herida en una de las tomas guerrilleras que hubo en Mitú. Ella hizo todo un recorrido por el país donde tocó muchas puertas para volver a saber de su familia, de la que pensaba que podía estar muerta por tantos hechos de violencia que se registraron en esa zona. Sin embargo, no encontraba respuesta en esas solicitudes. Luego nos hizo una solicitud e iniciamos el proceso con ella logramos dar con el paradero de 11 de sus hermanos”, explicó Ella del Castillo, coordinadora regional de la UBPD.
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En total, desde la creación de la Unidad de Búsqueda en 2018, se han recibido 32.988 solicitudes de búsqueda en todo el país.
La entidad, ha identificado 8.636 lugares de interés para la búsqueda, según el Registro Nacional de Fosas y Cementerios, ha realizado toma de muestra biológica a 14.481 familiares de personas desaparecidas, ha recuperado 1.483 cuerpos y ha entregado dignamente 272 personas en articulación con otras entidades del Estado. Lastimosamente, tan solo se han encontrado con vida a 21 personas.
Violencia sexual
De acuerdo con la JEP, la violencia sexual fue usada como castigo contra mujeres que se rebelaron a las órdenes de las Farc-EP, contra mujeres buscadoras de personas desaparecidas o como represalia contra sus padres, compañeros o jefes.
“La Sala pudo establecer que el 67 por ciento de los relatos analizados corresponden a crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres de la población civil motivados por el sexo de la víctima, es decir, por el hecho de ser mujeres”, aseguró el tribunal.
