Este martes, la EPS Sura anunció que radicó una solicitud ante la Superintendencia Nacional de Salud para que se autorice su retiro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país.
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El anuncio fue hecho por Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, quien aseguró que dicho proceso se haría a través de un “un programa de desmonte progresivo”.
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“Es un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente. Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia, con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS”, sostuvo.
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Además, indicó que la intención es “implementar medidas oportunas para un traslado ordenado de nuestros afiliados y gestionar de manera responsable las obligaciones con proveedores y prestadores como clínicas, EPS y hospitales”.
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En ese mismo sentido, la presidenta de Suramericana destacó una serie de indicadores positivos para el país, tales como: menores tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad durante el COVID y un modelo adecuado de gestión de cáncer de mama, entre otros.
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“En estos 30 años, de la mano de miles de compañeros de trabajo y de una amplia red de prestadores, aliados y proveedores, hemos buscado hacer nuestra labor de la mejor manera posible”, indicó.
Asimismo, recalcó que “durante esta difícil coyuntura, desde EPS Sura hemos hecho todo. Hemos comunicado la desafiante situación por la que pasamos al Gobierno, al Congreso de la República y a la sociedad en general. Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema, protegiendo la salud de nuestros afiliados. Hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas para ser más eficientes”.
También agregó que: “Hemos fortalecido los modelos de atención que promuevan la prevención y el manejo oportuno de la enfermedad. Hemos conversado con muchos actores. Hemos conversado con clínicas y hospitales para buscar soluciones conjuntas a este problema estructural”.
¿EPS Sura podría ser intervenida?
De manera clara, la presidente de Suramericana dijo que en este momento la EPS corre el riesgo de ser intervenida porque 'no cumple con requisitos de habilitación financiera y por lo tanto el gobierno puede tomar esa decisión'.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, entre 2022 y 2023 se registraron unas pérdidas netas por más de 360 mil millones de pesos. Además, para el 2024, la EPS proyecta que las pérdidas podrían llegar hasta los 500 mil millones de pesos, 'suma que confirma la inviabilidad de la EPS en las condiciones actuales'.
Pablo Otero, gerente de la EPS, señaló que “los retos estructurales que enfrenta nuestro sistema de salud se han agravado por la insuficiencia de la asignación presupuestal de los últimos años. En esas condiciones, hemos buscado hacer nuestra labor de la mejor manera posible, de la mano de miles de colaboradores y de una amplia red de prestadores con quienes durante 30 años hemos creado relaciones de confianza y compartido el objetivo de cuidar la vida de nuestros afiliados'.
Sin embargo, la entidad señaló que mientras reciben respuesta por parte de la Supersalud, la EPS seguirá prestando los servicios y cuidando a sus afiliados. Igualmente, continuarán de forma habitual los trámites, autorizaciones, citas, tratamientos, procedimientos, exámenes, ayudas diagnósticas, medicamentos y atenciones.
