La Corte Constitucional tumbó el pasado miércoles 8 de mayo la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, por “no tener el sustento de impacto fiscal”. Es decir, no cumplir con las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, que determina las normas orgánicas “en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”.
Cabe recordar, que el Alto Tribunal difirió los efectos de la decisión por el lapso de dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio de 2024. Es decir, que el Ministerio seguirá funcionando hasta junio de 2026, durante el Gobierno Petro. Luego de esta decisión, las reacciones en el mundo político no se hicieron esperar.
Respecto a la sentencia de la Corte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en entrevista con la Blu Radio indicó este jueves que la decisión del Alto Tribunal “es una decisión extraña”, y se cuestionó: ¿cómo puede decir la Corte que es inconstitucional y dejar el Ministerio dos años más”.
Además, aseguró que esta cartera se consolidó con más de un billón de pesos, y que más bien ese dinero debería invertirse para “construir viviendas, llevar la plata a las regiones y yendo de pueblo en pueblo, haciendo parques a los niños, eso es lo que uno quisiera ver que hagan, pero no se hace con 700 burócratas”, dijo la senadora.
“Nunca hubo el estudio de impacto fiscal, y eso tiene que ver con la manera irresponsable con la que el Gobierno aprueba leyes y gasta”, también le cuestionó al Gobierno: quisiéramos saber cuánto va a costar ese Ministerio, porque es uno de los más grandes que tiene el país, “haga la cuenta y diga ¿cómo es y cuánto es?”, puntualizó Valencia, una de las ponentes.
De igual manera, Valencia celebró la demanda ganada e indicó en su cuenta de X que 'el Ministerio de Igualdad era pura burocracia'.
Por su parte la senadora María Fernanda Cabal, indicó en su cuenta de X “durante el trámite del Ministerio de la Igualdad me opuse a ese aparato burocrático por carecer, entre otros, de concepto favorable de impacto fiscal. Acertada decisión de la Corte Constitucional que acogió nuestro argumento de violación a la Ley 819 de 2003”, se lee en el trino.
Asimismo, la senadora Marelen Castillo, otra de las ponentes, señaló que: “es acertada la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la norma que creó el Minigualdad cuya ejecución ha resultado ser la peor desde su puesta en marcha y por el contrario se ha traducido en un fortín burocrático enorme y generador de gasto”, escribió en su cuenta de X.
De igual manera, Castillo indicó que desde un inicio en la Comisión Primera de la Cámara había expresado en los debates de su creación que se necesitaba de un concepto de impacto fiscal “y que aquello que se pretendía debería contemplar el mínimo gasto del erario público; fue así como logré incluir en el art. 13 de esa ley la garantía de mínimo impacto fiscal que no cumplieron al momento de su constitución estructural”, añadió.
