BOGOTÁ. Ante la Procuraduría se iniciaron este miércoles las declaraciones de los testigos en el juicio disciplinario que se le sigue al suspendido canciller Álvaro Leyva.
{"titulo":"Procuraduría prorrogó por tres meses la suspensión a Álvaro Leyva","enlace":"https://www.elheraldo.co/politica/procuraduria-prorrogo-por-tres-meses-la-suspension-del-canciller-alvaro-leyva-1088583"}
Interrogado por el procurador delegado Ernesto Espinosa y el abogado defensor Jefferson Dueñas, estuvo en el estrado del Ministerio Público el funcionario de Migración Colombia, Róbinson Valencia.
'Las fichas técnicas confidenciales del contrato de pasaportes las elaboró la Cancillería y nosotros como Migración solo revisamos el proceso', explicó el testigo sobre su papel en la licitación de la elaboración de pasaportes, por la que es investigado el jefe de la cartera diplomática.
{"titulo":"Martha Lucía Zamora y José Antonio Salazar declararán en juicio contra Leyva","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/juicio-disciplinario-alvaro-leyva-martha-lucia-zamora-y-jose-antonio-salazar-declararan-en"}
Indicó que concretamente en el proceso de 2023 se revisaron los documentos confidenciales de la Cancillería y se hizo una revisión pericial de las fichas estableciendo que cumplieran con los estándares internacionales.
Advirtió que en las reuniones de los comités un consultor hizo recomendaciones que no hacen parte de los documentos de las recomendaciones oficiales. Y agregó que creía que al consultor lo contrató Cancillería.
El proceso licitatorio en cuestión, sostuvo, se distanciaba de las recomendaciones oficiales al solicitar en los pliegos muestras de pasaportes, delimitación de los tiempos de elaboración, algunos elementos de seguridad, y otros.
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La defensa le puso de presente que el 22 de febrero de 2023 asistió a una reunión en que se definió el cronograma y se escuchó al consultor José Sancho, y se decidió revisar estas observaciones. Pero dijo el testigo que no lo escuchó ni debatió las observaciones.
'Que la licitación durara dos meses y no siete no sé quién lo decidió sino que fue un tema de entidad, de la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería', aseveró Valencia.
El testigo señaló que no dejó constancia de que la consultoría estaba errada.
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Por su parte, la defensa dijo que las empresas oferentes no estaban en condiciones de proporcionar los chips en el tiempo en que lo pedían los pliegos, y que el consultor y los oferentes advertían de la dificultad de los chips en los términos de la licitación.
'Tengo entendido que se estableció que los pasaportes se hicieran en el territorio nacional pero no tenía relevancia en realidad en donde se hicieran', concluyó el funcionario de Migración.
En medio de la audiencia, el ente de control anunció una diligencia para este jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores debido a unos documentos que no se han allegado al proceso.
El pasado 11 de abril el procurador del caso anunció que en las audiencias dispuestas declararán en el juicio disciplinario la ex directora de la Andje, Martha Lucía Zamora, y el ex secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
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Durante la diligencia, a la que no asistió el jefe de la cartera diplomática, el delegado del Ministerio Público respondió a la solicitud de decreto de pruebas que elevó la defensa.
En este sentido advirtió que se pedirá para este proceso disciplinario copia del expediente del proceso penal en la Fiscalía por el lío del contrato de los pasaportes, que para Leyva no debió adjudicarse a la empresa Thomas Gregg & Sons por violar el principio de libre competencia, pero para Zamora y Salazar -quien de hecho terminó adjudicándolo como delegado- se debió conciliar para no desatender el servicio de expedición de este documento.
Así mismo se pedirá la denuncia de Cadena SAS en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la adjudicación del contrato de pasaportes.
Serán escuchados en testimonio Martha Medina, quien participó en la licitación del contrato, así como a quienes participaron en el comité estructurador del pliego de condiciones, como Róbinson Valencia -quien compareció este miércoles-, subdirector se control migratorio; Nubia Maya, Adriana Guzmán, Magaly Rodríguez, Adriana Palacio y Giovanny Mesa, entre otros funcionarios.
Del comité evaluador, que recomendó al ministro adjudicar, declararán en el juicio disciplinario Isabel Valencia, Adriana Avila y William Velasquez, entre otros.
Y del comité de conciliación la Procuraduría pedirá las actas para saber por qué no se concilió.
En este punto se citará a la ex directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, para que amplie su declaración, pero no se permitirá a la defensa indagar sobre el conflicto de interés. También Carlos Lozada y José Antonio Salazar, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Así mismo, César Augusto Becerra, director de defensa jurídica en la Andje, para saber cuáles fueron los fundamentos de las recomendaciones de la Andje; Silvia Carrasquilla Tamayo, de la Cancillería; Paola Ramirez, jefe de la oficina jurídica de la Cancillería, quien advirtió irregularidades del pliego de condiciones; Andrés Mendoza, coordinador y asesor jurídico de la Cancillería, quien se percató de irregularidades en el pliego de condiciones en el comité de conciliación y José Sánchez, para encontrar las deficiencias del pliego de condiciones.
No se decretarán pruebas, por impertinentes, señaló el procurador del caso, como los documentos recaudados por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a las oficinas de Thomas Gregg en relación con una denuncia penal: 'No sabemos qué está investigando, y eso no guarda relación ni relevancia, el argumento no explica por qué es importante conocer esa información', dijo el ente se control.
De igual modo se negó el testimonio de Fernando Rico como procurador delegado segundo que intervino en el proceso licitatorio y quien supuestamente advirtió deficiencias en el proceso.
Ni tampoco estará el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, 'porque ya están los actos administrativos y no es necesario que el funcionario venga a explicar por qué no se ha adjudicado', dijo el procurador delegado.
