Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, celebró este lunes la decisión del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, quien firmó la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons.
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El Gobierno había suspendido la licitación la semana pasada hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General a suspender del cargo por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva.
'Yo celebro esa decisión del secretario y me parece que tiene todo los fundamentos jurídicos para llegar a esa decisión', dijo en diálogo con Blu Radio.
'La decisión que tomó el doctor Salazar está dentro de su fuero y es legítima', agregó.
En su momento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, después de que se conociera que el canciller, Álvaro Leyva, la había reprochado con fuerza a la abogada del Estado.
Petro aseguró, en declaraciones a medios desde Dubai, donde participa en la COP28, que le pidió a Zamora que se apartara del cargo por distancias 'sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas' y porque quiere tomar una postura diferente sobre la forma de 'defender el interés general de la sociedad colombiana'.
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Cabe recordar que la Procuraduría suspendió el pasado 24 de enero por tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.
Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciller encargado al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y Salazar por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
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Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que 'se recurrió a la figura de urgencia manifiesta' para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía 'la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista' para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,5 millones de dólares de hoy).
