La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por cumplimiento bajo en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, en la niñez indígena Wayuu.
{"titulo":"El Pacto insiste en proyecto para garantizar acceso al agua en La Guajira","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-pacto-historico-insiste-en-proyecto-para-garantizar-acceso-al-agua-potable"}
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el ECI por la vulneración generalizada de derechos de la niñez Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, advirtió en el Auto 2764 de 2023 que el incidente de desacato es en contra de la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz Nova; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, Laura Sarabia Torres; y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.
Asimismo, se vinculó al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Olmedo López; la gobernadora del departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar.
'En esta ocasión, la Sala de Seguimiento valoró el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia en cuanto a la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional (Mesepp) que tiene como objetivo garantizar el goce de derechos de las y los niños de la comunidad indígena al agua, la alimentación y la salud. Así como también superar el ECI. La Sala concluyó que hay un cumplimiento bajo de dicha orden. Si bien se reportó la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira como acción para cumplir la orden, esta no es conducente, toda vez que es incompatible con los elementos del mandato al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden', se lee.
{"titulo":"Indígenas wayuu exigen ser incluidos en proyectos de páneles solares","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/indigenas-wayuu-bloquean-el-cerrejon-y-exigen-ser-incluidos-en-proyectos-de-paneles"}
Por ello las entidades investigadas de en presentar un informe que acredite el cumplimiento frente a la conformación del Mesepp.
Por su parte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas adujo que los antecedentes en tasas de mortalidad y la inexistencia de las condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de los niños, da cuenta de que quienes presidieron las entidades accionadas 'permanecieron impasibles ante la vulneración', debido a lo cual era imperativo actuar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que regula el deber de denunciar que tiene toda persona y, especialmente quienes ejercen el servicio público cuando tengan conocimiento de la comisión de un delito investigable de oficio.
Y consideró que se debió compulsar copias ante los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación para que 'iniciaran la investigación de las omisiones detectadas en contra de quienes precedieron, desde el año 2018, a las y los actuales rectores de las entidades mencionadas'.
