Los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le imputó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al general retirado Mario Montoya no fueron aceptados por el exmilitar este viernes.
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A Montoya se le acusa de haber permitido la ejecución de 130 personas dentro de los denominados casos de ‘falsos positivos’ cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Igualmente, Montoya le pidió al organismo de justicia anular dicha imputación en su contra porque según sus abogados al procesado se le vulneró el derecho a la defensa durante el proceso.
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Con su rechazo a la imputación de la JEP, el caso pasa a manos del Tribunal para la Paz, en el que se enfrentará a un juicio por los 130 ‘falsos positivos’ que de ser encontrado responsable de los mismos podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Frente a este hecho, el tribunal de justicia transicional le concedió a las víctimas de los más de cien casos un término de 30 días también para presentar sus observaciones frente al escrito de imputación, así como al general que tendrá el mismo periodo para que se refiera a la totalidad de las versiones voluntarias en su contra y la imputación, cosa que ya hizo.
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El general en retiro no ha sido el único que ha negado su responsabilidad, junto a Montoya el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero, excomandante del Batallón BAJES, tampoco aceptó la imputación.
Los otros siete exoficiales que sí aceptaron los cargos de la JEP son los coroneles (r) Julio Alberto Novoa (excomandante del Batallón BAJES), Emerson Castañeda Morales y Nelson Carvajal Chisco. Asimismo, los subtenientes José Alejandro Ramírez, Diego Germán Guzmán, Edwin Leonardo Toro y el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda.
Los 130 casos que señala la JEP se presentaron en el departamento de Antioquia durante los años 2002 a 2003.
