Desde el 2011, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha declarada por Naciones Unidas para recordar una práctica criminal que se ha convertido en un problema mundial que afecta no solo a una región del mundo.
De acuerdo con la organización internacional, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o periodos de represión en al menos 85 países del mundo. En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó los casos de 60.630 víctimas, entre 1970 y 2015, y 80.000 hasta agosto de 2018.
'Es muy difícil en un fenómeno que tiene como característica intrínseca esconderse y ocultarse, conocer la magnitud e intensidad con la que se ha desarrollado en el país y la cifra exacta de las personas desaparecidas', advierte el balance de contribución al esclarecimiento histórico del Centro sobre una práctica que en el país tuvo sus primeros registros formales en la década de los setenta y desde entonces no ha cesado.
Expertos de la Universidad Simón Bolívar añaden que el conflicto armado colombiano ha tenido dinámicas cambiantes. Una de las últimas fueron los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya efectividad es cuestionable desde la mirada de cómo incidió en la delincuencia urbana. 'Muchos desmovilizados han incumplido y reincidido, de ahí la creación de las llamadas bandas criminales que hoy disputan el control del narcotráfico, la extorsión y delitos conexos en las principales ciudades', dice David Aníbal Guerra, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
'Es un crimen que reprime las libertades cuando no se acepta la diferencia, la libertad de opinión, el disenso', complementa Eduardo Palencia Ramos, director del pregrado en Ciencias Políticas y Gobierno de Unisimón
Subregistro histórico
El número de casos alcanzaron su mayor pico entre 1996 y 2005 con la expansión del paramilitarismo, el fortalecimiento de las guerrillas y una crisis de Estado expresada en corrupción en las Fuerzas Militares y de Policía. Sin embargo, el subregistro en los datos oficiales es una deuda perenne porque en Colombia solo hasta el año 2000 se tipificó el delito de desaparición forzada.
'Antes, el delito más similar a desaparición forzada era un secuestro y, políticamente, el Gobierno decía que eran personas que se iban de la casa o estaban secuestradas', recuerda Aníbal, abogado magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica.
Según reporta el CNMH, los grupos paramilitares perpetraron la mayoría de las desapariciones forzadas, seguidos de las guerrillas, agentes del Estado, grupos armados no identificados, grupos posdesmovilización y las alianzas entre delincuentes y agentes estatales.
A nivel internacional, el enfoque de la conducta es atribuida en particulares, con ayuda o aquiescencia de agentes del Estado, pero en Colombia la ley lo hace extensivo a miembros de la fuerza pública, teniendo en cuenta el contexto.
'Es un delito de carácter continuado porque comienza desde que la persona es sustraída de su núcleo familiar o social y se niega información de su estado actual
y paradero, y sigue ocurriendo mientras no se conozca dónde está', explica el especialista.
Un pronunciamiento internacional que marcó un hito importante fue el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que elevó a la desaparición forzada a crimen de lesa humanidad para que no prescriba con el paso de los años.
En Colombia, la connotación de 'falsos positivos' suele asociarse a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales. Un error por la diferencia: la desaparición forzada es una antesala porque la violación primaria del derecho es la libertad personal, junto con la integridad personal y la vida.
'Un falso positivo es cualquier conducta desplegada por un agente del Estado, atribuyendo participación o responsabilidad penal de personas cuando no es así; en cambio, la ejecución extrajudicial, por lo general, va amarrada a una desaparición forzada', explica el profesor.
Muerte de las libertades
Latinoamérica padeció durante los años 60 y 70 la desaparición forzada, a manos de las dictaduras militares. Chile y Argentina son ejemplos representativos, producto de las represiones y la abolición de las libertades por parte de los regímenes encabezadas por Augusto Pinochet, y la junta militar de Jorge Videla, Emiliano Massera y Orlando Agosti.
En la actualidad, las desapariciones afectan principalmente a defensores de derechos humanos, familiares de víctimas, testigos de la justicia y abogados.
'Acá no tuvimos dictaduras al estilo de otros países de la región, pero sí sucesos históricos infaustos como la masacre de las Bananeras en 1928, la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, y el exterminio de la Unión Patriótica (UP)', contextualiza el profesor Palencia.
Para Palencia, una de las amenazas que enfrentan quienes padecen este drama es el negacionismo, que produce que la memoria de las víctimas sea cada vez más desconocida y que su dolor quede soslayado de la historia.
'Esto genera mayor vulnerabilidad en las personas, los familiares de víctimas atraviesan procesos arduos y complicados. Si se le suma la carga de olvido de sus familiares desaparecidos, estamos ante hechos perjudiciales para la memoria y la integridad moral', recalca el experto.
*En alianza con Universidad Simón Bolívar
