Tanto Fernando Villavicencio, en Ecuador, como Luis Carlos Galán, en Colombia, eran candidatos presidenciales que tenían en común, además, cruzadas de denuncias contra poderes en sus respectivos países.
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Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del pasado miércoles, tras un ataque perpetrado presuntamente por sicarios, en un suceso que ha conmovido la conciencia nacional en medio de la crisis de inseguridad que azota a Ecuador y que cada vez parece ponerse peor.
Villavicencio, de 59 años, fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.
Se graduó de periodista en una polémica universidad ya disuelta y que fue denunciada por entregar títulos por dinero, pero su prestigio como periodista de investigación se lo labró con las sospechas de corrupción que lanzó contra los integrantes de la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
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Él encarnó al anticorreísmo, una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.
También amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción, sentencia que Correa tilda de persecución política.
Además, había denunciado los nexos entre Alex Saab, la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, y el régimen de Venezuela, en medio de movimientos de presunto lavado de activos y supuesta corrupción gubernamental.
Y hace unos días habló también de nexos entre la candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, Raisa Vulgarín, y Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, involucrados en un caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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De acuerdo con información de algunos medios del vecino país, Vulgarín (afín al movimiento de Rafael Correa) era pareja de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, otro salpicado en el escándalo.
En este sentido, según reveló Villavicencio, la Fiscalía tiene una serie de chats donde Nicolás y Day conversan sobre el dinero que recibiría la política ecuatoriana, que habría movilizado dinero de Bogotá a Barranquilla.
'Este es un caso gravísimo. Más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado, que también dirige la campaña de Lucía González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora fiscal en Ecuador: es hora de que solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones', indicó en un video.
El caso de Luis Carlos Galán
Por su parte, Galán, como lo registró el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue asesinado el 18 de agosto de 1989, siendo uno de los líderes más populares del país. El hecho es hoy conocido como el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y ha sido considerado por la Corte Suprema de Justicia como un crimen de lesa humanidad.
Y si bien se han señalado y condenado a algunos culpables, aún hay incógnitas sobre los determinadores del crimen.
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Fue el segundo intento por asesinarlo y esa vez lo cumplieron. Según declaraciones de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el Cartel de Medellín se preguntaba constantemente si lo asesinaban o no, pero en vista de que su campaña llevaba la bandera de persecución a los narcos, la decisión fue quitarle la vida.
Se había pensado asesinar a Galán en la Universidad de Medellín, en una charla política que tenía con los estudiantes, pero el hecho se frustró tras la denuncia de que unos hombres armados estaban en un lote cerca de la universidad.
'Durante 25 años se han intentado hallar los responsables del crimen. Se afirma que son muchas las personas que intervinieron en el plan: el narcotráfico, agentes del Estado y paramilitares. En el curso de las investigaciones han sido vinculadas 37 personas, de las cuales 25 fueron dejadas en libertad porque no se les comprobó su participación. Algunos de los presuntos responsables están desaparecidos y otros fueron asesinados', indicó el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2020.
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La primera condena en relación a los hechos fue del 19 de agosto de 1999 en contra de José Édgar Téllez Cifuentes, alias Pantera, y Johan Lozano Rodríguez. En esa misma providencia se dispuso compulsar copias para que se investigara la posible participación del político liberal Alberto Santofimio Botero. En la investigación también fueron involucradas otras personas, como alias Popeye y Pablo Escobar, el capo del narcotráfico.
Alias Popeye en varias ocasiones dio su testimonio sobre el hecho. La Fiscalía señaló que Velásquez Vásquez fue la persona encargada de ejecutar asesinatos y otros crímenes por encargo del Cartel de Medellín, por lo cual podía narrar con detalle las circunstancias alrededor de la muerte de Galán. Su versión fue tomada como legítima y fue corroborada por otros medios de prueba. ‘Popeye’ fue declarado responsable del homicidio del candidato.
El 11 de mayo de 2005 la Fiscalía dispuso apertura formal de investigación en contra de Alberto Santofimio Botero y mediante sentencia del 11 de octubre de 2007 un juez lo declaró coautor del magnicidio de Luis Carlos Galán y le impuso la pena de 24 años de prisión. Sin embargo, el exministro recuperó su libertad, pero la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó la absolución emitida a favor de Santofimio, y ratificó la condena como determinador del crimen, recordó el Centro.
'Por este hecho fue involucrado el general en retiro Miguel Maza Márquez, quien era el director del DAS cuando fue ultimado Galán. Al oficial se le investiga por haber puesto en riesgo la protección del candidato liberal, al cambiar su esquema de seguridad. Maza Márquez encargó a Jacobo Alfonso Torregrosa en la misión de cuidar a uno de los hombres más amenazados del país; también a Torregrosa se le acusa de cometer graves faltas que facilitaron la acción de los sicarios', se lee en el documento.
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Según la entidad estatal, un cuarto de siglo después del fallecimiento del candidato, la Sala Penal de la Corte Suprema, en respuesta al recurso de nulidad presentado por la defensa del exdirector del DAS, reiteró que el magnicidio del precandidato presidencial es considerado un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible.
En esa misma sentencia, la CSJ dejó en firme la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al teniente Carlos Humberto Flórez por los hechos imputados, y quien comandaba la red de inteligencia del B-2 de la Brigada XIII. No se hallaron pruebas para concluir que el teniente tenía una alianza con los grupos paramilitares de Magdalena Medio para cometer el acto punible.
'La Corte precisó en su sentencia que los crímenes fueron atribuidos al cartel de Medellín, organización privada, responsable de otras acciones delictivas en la historia del país. El principal condenado fue el exsenador Alberto Santofimio. La familia insiste que aún faltan personas por vincular como otros narcotraficantes de Medellín y Cali, los paramilitares del Magdalena Medio, algunos políticos y miembros del Ejército, la Policía y el DAS', concluye el reporte.
Otros candidatos asesinados en Colombia
Otros candidatos a la primera magistratura colombiana cuyos ideales fueron silenciados con la complicidad de narcotraficantes, estructuras paramilitares, e incluso miembros de la fuerza pública, fueron Jaime Pardo Leal (1987), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990) y Álvaro Gómez Hurtado (1995).
Pese a las amenazas en su contra por denunciar la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica UP, partido que nació tras los Acuerdos de La Uribe entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur (1985), Jaime Pardo Leal fue asesinado mientras regresaba a Bogotá de un paseo con su familia en La Mesa, Cundinamarca.
Bernardo Jaramillo Ossa fue una de las 5.733 víctimas que, según la JEP, dejó el exterminio de la Unión Patriótica. Fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá, donde, junto a su esposa, Mariela Barragán, pretendía tomar un vuelo rumbo a Santa Marta.
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El cartagenero Carlos Pizarro Leongómez fue el último comandante del M-19 y quien encabezó el proceso de desmovilización, es el padre de las congresistas del Pacto Histórico, María José y María del Mar Pizarro. Tras pedir 'que la vida no fuera asesinada en primavera', recibió 15 disparos de una ametralladora en un vuelo de la compañía Avianca durante el recorrido Bogotá-Barranquilla el 26 de abril de 1990.
Y sobre Álvaro Gómez Hurtado, el 3 de octubre de 2020, la extinta guerrilla de las Farc reconoció a través de una carta dirigida a la JEP su responsabilidad en el magnicidio perpetrado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.
