La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta implicación 'en hechos de corrupción en la administración de justicia'.
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Ricaurte Gómez fue acusado ante un juez penal del circuito de Bogotá por un fiscal auxiliar de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lo señala de estar 'posiblemente comprometido en dos delitos de cohecho por dar u ofrecer'.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2015 y 2016, el exmagistrado Francisco Ricaurte, ya retirado del cargo, habría impartido instrucciones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor de los congresistas para que, con acciones ilegales, resultaran beneficiados sus clientes.
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Labores de policía judicial evidenciaron que el exmagistrado, ya retirado del cargo, habría impartido instrucciones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor de los entonces representantes a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, para que, con acciones ilegales, resultaran beneficiados sus clientes.
En ese momento los congresistas Velásquez y Córdoba eran investigados penalmente por delitos relacionados con parapolítica, corrupción y bandas criminales.
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'Según se pudo determinar, entre 2015 y 2016 Ricaurte Gómez, habría instruido a Gustavo Moreno Rivera para que contactara al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien tenía a su cargo la tramitación de las investigaciones al interior del despacho del magistrado titular Gustavo Malo Fernández. La Fiscalía determinó que el objetivo de dicho acercamiento era manipular el proceso penal contra los dirigentes políticos y evitar su posible captura', explicó el ente acusador en un comunicado.
Agrega que los testimonios recaudados, entre otras evidencias recopiladas por la Policía Judicial, determinaron que Ricaurte Gómez habría autorizado el pago de millonarias sumas al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, a través del abogado Moreno Rivera, 'para impedir la apertura de una investigación formal y que las actuaciones judiciales pudieran llevar a su detención'.
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Según la Fiscalía, el pago para el magistrado auxiliar habría salido de dineros presuntamente entregados por parte de los congresistas Velásquez Ramírez y Córdoba Manyoma. 'Ante la dificultad jurídica del proceso, Ricaurte Gómez habría solicitado 'reestructurar los honorarios' duplicando las sumas acordadas inicialmente de 380 y 800 millones de pesos', añade.
Sobre esto, la Fiscalía determinó que las indagaciones preliminares contra los congresistas estuvieron dos años sin avances.
