La procuradora general de la Nación Margarita Cabello recibió una carta enviada por el presidente Gustavo Petro en la cual expone que no reemplazará a alcaldes y gobernadores que hayan sido suspendidos por el ente, refiriéndose al caso del mandatario de Riohacha, José Ramiro Bermúdez quien fue suspendido el pasado 23 de abril por presuntas irregularidades en una licitación pública.
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En respuesta al mensaje de Petro, durante un evento Margarita Cabello se pronunció sobre la decisión del presidente en negar la suspensión del alcalde, teniendo en cuenta que debería emitir un decreto para para nombrar a otro mandatario encargado tras el caso.
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'La Corte Constitucional avala a la Asamblea Nacional Constituyente cuando determinó que la investigación, juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluido —así lo dice el 267 constitucional— los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación, como la ratificación propia del Consejo de Estado', dijo la procuradora.
En el documento de 24 páginas y firmada el 25 de julio, el presidente Gustavo Petro explicó que la decisión contiene una restricción 'al ejercicio pleno y eficaz' de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente.
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En la misiva reiteró que en el fallo 'encuentra, asimismo, el presidente, efectuando una interpretación del efecto útil y acorde con el principio Pro Homine, que solo el hecho que quien profiera la medida cautelar sea una autoridad no jurisdiccional y no en un proceso penal, desconoce la garantía material que acompaña el ejercicio del derecho político humano del Artículo 23 de la Convención ADH'.
'En virtud del control ex officio de convencionalidad efectuado, que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria, en cuanto a que, se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia', se lee en el documento.
Cabello, en el mismo discurso, agregó que 'No es posible que en este momento electoral que vive nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados, tranquilamente la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación'.
