La Cancillería advirtió este viernes en un abecé sobre el fallo del próximo 13 de julio sobre la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense, que la mitad de las demandas de los estados americanos ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, la mitad tienen que ver con Nicaragua.
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'De los 30 casos que han sido tramitados ante la CIJ entre Estados americanos, Nicaragua ha estado involucrada en 14 de ellos, es decir, casi el 50%. De estos, ha sido demandante en ocho oportunidades. Los países que han sido demandados por Nicaragua son Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Colombia', señala la cartera diplomática.
Agrega el Gobierno que al igual que Colombia, Costa Rica, Panamá y Jamaica también han expresado su preocupación por la reclamación nicaragüense a una supuesta plataforma continental. Así se lo han manifestado al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante nota conjunta de Panamá, Colombia y Costa Rica.
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La demanda que se decidirá el próximo jueves es la última de las tres que han enfrentado a Bogotá y Managua, y fue interpuesta el 16 de septiembre de 2013 por parte del país centroamericano.
'Dentro de este proceso, la Corte examina la pretensión de Nicaragua para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas marinas, y que se superpone con la plataforma continental de Colombia', explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el litigio, Colombia ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense de una supuesta plataforma continental extendida carece de fundamento y no procede una delimitación entre ambos países.
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'Colombia busca demostrar que tiene plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua', se lee.
De hecho, en el marco de este último caso Nicaragua había presentado una pretensión solicitándole a la Corte que fijara un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área, pero con base en los argumentos presentados por Colombia en la etapa de excepciones preliminares, esta pretensión fue descartada por la Corte en la sentencia del 17 de marzo de 2016 al acoger la excepción preliminar presentada por Colombia sobre este punto.
