Si se cae la ley de paz total, 'habría que iniciar desde cero', asegura el senador Ariel Ávila

La llamada ley de paz total ha sido uno de los pilares fundamentales de la campaña y el actual gobierno del presidente Gustavo Petro; no obstante, de acuerdo con las declaraciones dadas por el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, esta no se trata de una figura política nueva, sino de una propuesta que se renueva según el mandatario en curso y se implementa acorde a las necesidades que se estén presentando en el país.

En diálogo con ‘Blu Radio’, el congresista explicó que esta ley no es algo nuevo, pero aclaró que, gracias a la misma, ha sido posible crear una base jurídica sólida para los distintos acercamientos que se han venido realizando con los diferente grupos armados organizados (GAO), como el que actualmente se está llevando a cabo con la guerrilla del Eln.

Según manifestó el senador, en caso tal de que la Corte tomara la decisión de anular o ‘tumbar’ esta ley, se crearían grandes 'vacíos jurídicos' que implicarían tener que 'comenzar desde cero' en materia de diálogos y negociaciones con los GAO.

'Si se confirma la ponencia, falta la mesa plena de la Corte Constitucional, toca arrancar desde cero (…) En el mejor de los casos eso va a estar para octubre, no va a estar antes. Entonces sí habría dos o tres meses de vacío jurídico muy difícil, pero tenemos que esperar a ver qué dice la corte', señaló.

'Toda la autonomía y todo el respeto a lo que diga Corte Constitucional, pero tumbar esa ley sería de una gravedad inmensa. Es decir, dejaría sin piso jurídico un montón de cosas que en este momento están avanzando como, inclusive, las propias mesas de negociación', agregó el funcionario.

Ahora bien, en este punto es importante recordar que todas estas declaraciones se dan luego de la ponencia que fue presentada este lunes en la Corte Constitucional, a través de la cual se le solicitó al alto tribunal tumbar la paz total.

Dicha petición, encabezada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se realizó, según el funcionario, porque la ley violó el trámite en el Congreso de la República y, entre otras razones, existió un concepto del Consejo de Política Criminal.

Al tratarse de un tema de urgencia nacional, esta pasaría a ser considerada el primer punto del orden del día en la Sala Plena, tal como en algún momento lo determinó la Corte Constitucional.

'Luego de examinar el contenido general de la demanda, la Sala Plena encuentra que este asunto debe ser declarado de urgencia nacional con fundamento en el artículo 9º del Decreto 2067 de 1991, al tiempo que existen razones para considerar la controversia planteada como de especial trascendencia social, por lo que debe ser tramitado y fallado preferentemente según lo previsto en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009', se lee en el comunicado del alto tribunal emitido el pasado mes de marzo.

Finalmente, tras todo esto, el senador Ávila señaló que se encuentran a la espera de la decisión que tomará el órgano de control, para examinar qué acciones tomar y, más aún, en caso de que deban radicar nuevamente la ley.