El director de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, Giovani Yule, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, informaron este miércoles en un comunicado que trasladaron, formalmente, ante los organismos de control e investigación, presuntos casos de corrupción identificados en la URT.
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'Tenemos cero tolerancia con la corrupción y hemos generado los mecanismos para identificar y cortar de raíz este tipo de hechos al interior de la entidad', aseguró Yulre, mientras que Idárraga invitó a las víctimas 'a hacer las respectivas denuncias. Ustedes son una prioridad para nosotros, en este Gobierno trabajamos para garantizar sus derechos'.
Se trata de casos identificados en la Dirección General y las direcciones territoriales del Meta y Apartadó, que se hicieron llegar a la Fiscalía y la Procuraduría
'Las modalidades de corrupción identificadas son el cobro equivalente al 10% sobre el valor de contratos, y los cobros para establecer si un predio se inscribe o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). En el primero de los casos, la URT logró evidenciar situaciones de reclutamiento a personas que carecían del conocimiento y la experiencia para ser contratadas en las áreas en las que ejercían su trabajo. Por lo tanto, se les indicaba qué decir en las entrevistas para su ingreso a la entidad. Por este proceso pagaban entre 1 y 2 millones de pesos anuales', se lee.
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La otra modalidad de corrupción, dice el documento, se relaciona con 'la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Los hechos irregulares se detectaron en las direcciones territoriales de Apartadó y Meta, donde se evidenció que contratistas y funcionarios de la entidad, cobraban sumas de dinero a solicitantes de tierras y personas vinculadas al proceso, como terceros ocupantes, para dilatar la toma de decisiones'.
Y agrega: 'Según las investigaciones, en la Dirección Territorial del Meta, el profesional de seguridad cobraba alrededor de 10 millones de pesos por cada resolución a favor del solicitante y 7 millones de pesos a personas interesadas de evitar la inscripción de los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Rtdaf). En el Meta, al parecer, un denunciado, también cobraba el 15 % del predio a restituir'.
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Añade el reporte que también existen presuntos hechos similares en la Seccional Putumayo, el cual continúa en proceso de investigación y clarificación, para detectar responsables y modus operandi.
'Lo más doloroso, en los casos denunciados ante las autoridades, es que las víctimas tenían la convicción de que el proceso de restitución de tierras tenía costo', concluyó Yule.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro informó este miércoles en Twitter que 'la Unidad de Restitución de Tierras, la que devuelve la tierra despojada a las víctimas, ha hecho en estos seis meses tres veces más que lo que hizo todo el gobierno pasado. Antes rechazaron el 60% de las solicitudes de restitución: reactivamos esas solicitudes'.
