En un fallo de 76 páginas, fechado el pasado 24 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca protegió en primera instancia los derechos e intereses colectivos a la seguridad pública, invocados por el ex veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, vulnerados por el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía Local de Usaquén.
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En este sentido, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá que dentro del marco legal respectivo, si aún no lo ha hecho, efectúe el traslado del personal que prestó sus servicios en los CAI de la ciudad de Bogotá involucrados en los hechos de protestas ciudadanas y abuso policial de los días 9 y 10 de septiembre de 2020.
Así mismo, ordenó a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que alleguen un informe actualizado en el que se indique la etapa procesal de cada una de las investigaciones que se hayan adelantado a uniformados de la Policía Nacional que tengan relación con los hechos de protesta social en cuestión.
Y a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de Gobierno, que elabore un listado de las personas reportadas como víctimas sobrevivientes de los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 para que se adopten las medidas de reparación adecuadas en el ámbito de su competencia.
'Para la verificación de las órdenes impartidas en este fallo, se ordena crear un Comité de Verificación del Cumplimiento de la Sentencia, el cual estará presidido por el magistrado sustanciador del proceso e integrado por sendos funcionarios de la Veeduría Distrital, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el representante del Ministerio Público', concluye la entidad.
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Los hechos se originaron el 8 de septiembre de 2020, cuando agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, del cuadrante 47 del Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa Luz, concurrieron al conjunto residencial Santa Cecilia Anillo 17, en la localidad de Engativá, Bogotá, donde detuvieron a Javier Ordoñez. Durante este procedimiento, que fue registrado en videos por personas presentes en el lugar, dos policías golpearon a Javier Ordoñez y le propinaron descargas eléctricas en reiteradas oportunidades, pese a encontrarse inmovilizado en el piso. Además, según lo informado, Javier Ordoñez fue conducido hacia el CAI, a donde falleció mientras se encontraba bajo custodia policial.
El tribunal indica al respecto que 'los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial iniciados en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros efectivos de la Policía Nacional desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la ciudad de Bogotá. La relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación. De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional'.
Y añade que 'dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la Penal'.
