Este viernes se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, por supuesta participación en política, ya que estaría apoyando al candidato presidencial Gustavo Petro.
El hecho se habría conocido por el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, quien argumentó que el mandatario había aceptado que su madre y su hermano, Gustavo Ospina, apoyan públicamente al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.
En días anteriores, Velasco insinuó que dudaba que el alcalde de Cali no estuviera inmiscuido en política.
'No alcalde, Jorge Iván Ospina, no es solo su familia. Es usted que ha usado la Alcaldía de Cali para impulsar la candidatura de Petro. Es usted que ha participado en política. Es usted que se pasa por la faja la Constitución. Insistimos ante la Procuraduría. ¡Cali no puede seguir así!', indicó Velasco en su momento.
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Tras el caso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para verificar la conducta y determinar si constituye falta disciplinaria. Sin embargo, hasta el momento no se contempla una suspensión.
El ente de control investiga que el mandatario local, del Partido Alianza Verde, habría expuesto el programa de gobierno de Gustavo Petro e instado a conseguir votos para el candidato presidencial.
Esto luego de que el alcalde hubiese convocado un consejo de gobierno de carácter extraordinario en el que habría instado a sus funcionarios a conseguir votos para el candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico.
Al parecer, para ingresar a la reunión Ospina pidió dejar fuera los celulares y una vez allí expuso a secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos y departamentos la propuesta presidencial del candidato del Pacto Histórico, para a continuación pedirles que 'se dedicaran a fondo a conseguir votos para Petro', esto puede tener consecuencias en la estabilidad y continuidad de sus empleos.
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Varios medios de información locales aludieron al hecho, el cual posiblemente conocerían algunos concejales de la ciudad, que no se atrevieron a denunciarlo de manera pública, e incluso algunos hablaron pidiendo la reserva de su identidad.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta presuntamente irregular, determinar si constituye falta disciplinaria, esclarecer el motivo determinante, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.
Sobre la participación en política de funcionarios públicos, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha sostenido en diversos espacios 'que los mandatarios locales tienen que entender, y no pueden desconocer, que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía'.
El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.
