La Fiscalía judicializó nueve personas señaladas de lavar activos y ocultar patrimonio ilícito del ‘Clan del Golfo’.
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, establecieron que los procesados harían parte de una red ilegal que, al parecer, recibía y disponía de dineros que la referida estructura criminal obtenía de desplazamientos forzados, extorsiones a comerciantes y ganaderos; así como por el tráfico de estupefacientes, entre otras conductas ilícitas.
El material de prueba indica que, a través de estas personas, habrían sido adquiridos bienes muebles, inmuebles y ganado. Adicionalmente, fueron constituidas empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos y ponerlos a circular en el sistema financiero nacional.
Mediante estas transacciones, al parecer, se alcanzaron a lavar más de 33.000 millones de pesos. En ese sentido, los supuestos integrantes de la red fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir con fines de lavado de activos, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.
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Ocho de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Cinco en centro carcelario y tres en el lugar de residencia. De otra parte, Andrés Felipe Clavijo seguirá vinculado a la investigación.
Durante las diligencias de allanamiento en las que se realizaron las capturas fueron incautados 1.154 millones de pesos en efectivo que estaban en una caleta. Este dinero va a ser puesto a disposición de un fiscal de extinción de dominio para adelantar los trámites pertinentes.
Las propiedades están ubicadas en Medellín, Bello, Copacabana, Buriticá, Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó (Antioquia). Se trata de 36 inmuebles, 8 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 79 semovientes, 21 vehículos, más de $107’000.000 depositados en cuentas bancarias y cerca de $22’000.000 en efectivo encontrados en un establecimiento de comercio.
En la investigación se estableció que algunos de los bienes habrían pasado a manos de terceros para intentar evadir los filtros financieros y fiscales. Muchos de estos posibles testaferros tendrían incrementos patrimoniales injustificados.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades afectados con fines de extinción de dominio.
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