La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, después de un trabajo investigativo adelantado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue las posibles fallas cometidas en torno a los patrones que rodearon los asesinatos de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección.
Los investigadores de la UIA concluyeron que, de los 35 casos examinados, transcurrieron 10 meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente. Además, la mayoría de los casos quedaron en la etapa de análisis de riesgos. Así mismo hubo casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo 'ordinario' y los homicidios fueron consumados.
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Según la UIA, en las investigaciones se detectaron fallas como la remisión efectiva de las solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado a la Subdirección Especializada de la UNP, la omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección, y la articulación y comunicación entre el equipo de analistas de la Subdirección Especializada y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.
Uno de los casos que expuso la UIA fue el de Edwin Herney Barrios Parra, asesinado el 8 de junio de 2021 y la resolución que confería las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección fueron adoptadas el 1 de septiembre del mismo año. Es decir, tres meses después de su asesinato. Asimismo, sucedió con el crimen de Carlos Cemilo Iter, quien fue asesinado el 25 de septiembre de 2019 y el trámite continuó después de su muerte hasta el 30 de abril de 2020 cuando se emitió la resolución de protección.
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'Nueve de los asesinados contaban con medidas blandas, 2 con esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y 11 se encontraban en estudio de nivel de riesgo', señaló la magistrada relatora, Reinere de los Ángeles Jaramillo.
Al concluir la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP, los magistrados también le solicitaron a la Unidad Nacional de Protección implementar una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización.
Es decir, los togados pidieron a la entidad abandonar la perspectiva caso a caso y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de evitar demoras.
