La Corte Constitucional, con votación de 5 a 4, declaró este jueves el estado de cosas inconstitucional por los asesinatos de ex-FARC, es decir por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las firmantes de la paz.
Tras revisar cinco tutelas de excombatientes, el alto tribunal, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, decidió crear una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional que verificará el cumplimiento de esta providencia.
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Ante los 303 exguerrilleros asesinados hasta finales de 2021 según las Naciones Unidas, se ordenó a la Procuraduría y Defensoría adoptar un mecanismo especial de vigilancia de este fallo, así mismo ordenó al Gobierno que 'adopte las medidas que le permitan cumplir de medida integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz' y que inicie los trámites para que haya suficiente presupuesto para que los firmantes del acuerdo que ejercen actividades de liderazgo político o social y que comparecen ante el Sistema Integral de Paz, gocen de la protección necesaria.
Ordena también a la UNP que en los cuatro meses siguientes debe reevaluar el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo y de ser necesarios nuevos esquemas, se deberá hacer la respectiva contratación de los escoltas.
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Así mismo, dispuso al Ejecutivo para que se 'adopten medidas concretas para garantizar la articulación entre los PDETS y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad'.
Y pide al Congreso dar 'el impulso indispensable para desarrollar los contenidos del acuerdo final de paz que aún se encuentran requeridos de implementación legislativa, relacionados con la posibilidad de materializar el concepto de seguridad'.
