La Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional y peritos del CTI lograron la captura y posterior judicialización de 20 personas que estarían involucradas en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.
La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.
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Con los permisos, dijo la Fiscalía, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De esta manera, —precisó el ente acusador— habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.
El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Esta actividad, presuntamente, se realizó entre 2015 y 2021.
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Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia).
Durante las diligencias fueron incautados $320’000.000 en efectivo. La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir.
