El exmagistrado Francisco Ricaurte, condenado por el Cartel de la Toga, se entregó la mañana de este miércoles a las autoridades, en los juzgados de Paloquemao, para responder por los delitos a los que se le condenó el martes. Sin embargo, en ese momento no estaba lista la orden de captura, por lo que la detención se hizo oficial en horas de la tarde en este complejo judicial.
La Fiscalía había informado en la lectura de sentido de fallo que logró demostrar en juicio que el exmagistrado, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales.
Ricaurte pasaría la noche en las celdas de la Fiscalía en los juzgados capitalinos mientras se define su centro de reclusión.
{"titulo":"Exmagistrado Ricaurte se entregó ante autoridades pero no fue capturado","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/exmagistrado-ricaurte-se-entrego-ante-autoridades-pero-no-fue-capturado-800476"}
El exmagistrado, señalado como una de las cabezas de la organización criminal de corruptela de las altas esferas judiciales, conocerá además el monto de su condena hasta el próximo 25 de marzo
El juez 10 penal del circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Ricaurte al dar crédito a lo acusado por la Fiscalía: 'El exfuncionario intercedió para direccionar decisiones judiciales a cambio de dinero'.
El extogado fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.
En un comunicado, la Fiscalía reportó que estableció que 'en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron'.
Según el informe del ente acusador, dos de los eventos acreditados como criminales están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández. En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado $1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió $400 millones. En el otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó $2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron $250 y $290 millones. Y un tercer caso, indica la información, está relacionado con $30 millones que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.
