Las cartas están colocadas sobre la mesa. La antigua guerrilla de las Farc deberá responder por los secuestros y otros crímenes de guerra ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), que arrancó con el proceso de imputación contra los últimos ocho jefes por esos delitos. La inédita decisión era esperada en Colombia por miles de víctimas desde hacía décadas.
Pero a raíz del anuncio surgieron varias dudas que se han generalizado en la sociedad. ¿Qué pasará con los imputados que hoy ostentan y ejercen una vida política? ¿Podrán continuar con esas actividades en el Congreso de la República?
La JEP realizó la presentación del la acusación, el jueves, a Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (murió el 27 de enero de este año), Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Las penas de cada uno dependen de los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, es decir que las responsabilidades serán individuales.
Frente a las interrogantes, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP indicó el Tribunal es quien determinará si las sanciones que se les impondrá a los exjefes de las Farc es o no compatible con el ejercicio de la función legislativa por parte de algunos miembros que en este momento ocupan curules en el Senado de la República.
'Las sanciones privativas de la libertad como tales son naturalmente incompatibles con el ejercicio de la función política; sin embargo, las resoluciones propias podría ser compatible y eso no tiene que determinar el Tribunal cuando dicte la sentencia correspondiente', señaló el presidente de la JEP.
Señaló el magistrado que, en términos generales, es importante destacar que el acuerdo busca 'poner fin a la violencia política' y evitar que nunca más un grupo armado pretenda tomar el poder político por la vía de las armas.
'En este caso las Farc dejar las armas se someten a la justicia en el Estado colombiano, que es la que brinda la JEP con miras a que su promesa de cambio revolucionario se pueda hacer a través de la democracia. La participación política siempre será importante y relevante, pero para los efectos en efectos sancionatorios sería el juez el que tome la determinación, pero el sentido de esta paz es dejar las armas para acudir a la democracia', detalló el magistrado Cifuentes Muñoz.
Las sanciones son restaurativas
Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre indicó que la competencia para imponer la sanción es del Tribunal de paz, ya que la Sala de Reconocimiento solo se limita a presentar los cargos y presenta en consulta con las víctimas una serie de sugerencias.
'Lo que dice el Acuerdo de Paz es que contempla la posibilidad de una restricción efectiva de la libertad y pérdida de derechos y unas sanciones cuyo fin sea un restaurador, pero el contenido preciso de las mismas lo impone el Tribunal de paz y no la sala de reconocimiento, por lo que es una pregunta que enfrentará el Tribunal en su momento', señaló la magistrada.
Recordemos que a partir del inicio de la diligencia comenzó a correr 30 días de plazo para que los acusados acepten o no su responsabilidad en los hechos imputados. En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.
'Deberían salir del Congreso'
La respuesta de Clara Rojas ante el futuro del Secretariado de las Farc, tras las sanciones que les pueda imponer el Tribunal de paz, es contundente. Ella sostiene que, si bien podrían mantenerse en la vida política, lo imperativo sería que 'por lo menos salgan del Congreso de la República'.
En diálogo con EL HERALDO, Rojas –quien estuvo secuestrada por esa guerrilla desde el año 2002 hasta el 10 de enero de 2008– consideró que el reciente anuncio de la JEP a los ex jefes de las Farc 'ha sido un pronunciamiento importante' ya que forma 'parte de lo previsto en acuerdos'.
Frente a las penas que deberían imponerles al Secretariado, la ex representante a la Cámara indicó que dentro del marco de la JEP, 'hay sanciones alternativas' aunque le gustaría saber 'cuáles son esas sanciones que se tienen prevista'.
Indicó que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que les será imputado al Secretariado no la tomó por sorpresa. 'Frente a hechos tan graves que han sido de amplio conocimiento nacional e internacional, era lo que les correspondía a los Magistrados, máxime todo el acopio de información que han recibido y contrastado'.
