La Sociedad de Activos Especiales, SAE, que por orden de la Fiscalía controla desde octubre pasado el 82% de las acciones -que eran de Inassa- en Triple A, pone al descubierto aparentes anomalías que encontró cuando llegó a la empresa de servicios públicos.
La presidenta de la SAE, María Virginia Torres, asegura que hubo supuestas omisiones en la contratación del operador de aseo y que había en la empresa vacíos en los procedimientos para contratar y para la aprobación en junta directiva de muchos de esos contratos a pesar de que su valor superaba los $50 mil millones.
EL HERALDO tuvo acceso a las respuestas de la SAE, Triple A, la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Vivienda al senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, quien citó un debate de control político sobre la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla para el próximo martes en la Comisión Quinta de la cámara alta.
Contrato de aseo
La SAE dice en la carta fechada el pasado 14 de mayo que Triple A 'no gestionó con la planeación debida la contratación del nuevo operador de aseo' y que 'faltando pocos días para el vencimiento del plazo –el 17 de noviembre de 2018– no había términos de referencia'.
Así mismo, advierte la Sociedad que la firma Castro Nieto Abogados 'no tenía la experticia' para estructurar la contratación, por lo que la junta directiva aprobó la contratación del interventor Valor y Estrategias, para auditar el contrato con el estructurador, además porque a este 'se le pagó más de la mitad del contrato sin haber entregado' lo convenido.
La presidenta de la SAE dice también que el revisor fiscal de Triple A, que era Blanco & Blanco –el mismo que hacía la auditoría desde hacía 20 años– fue cambiado porque 'no estaba ejerciendo de manera idónea sus funciones' y por una 'falta de participación cuidadosa y activa frente a las particularidades y hechos derivados del contrato de asistencia técnica', que es el que habría permitido que desde 2000 hasta 2017 Triple A le pagara a Inassa $237 mil millones por actividades que al parecer nunca se cumplieron.
Por ello, Triple A separó las funciones de revisoría fiscal y auditoría: la primera la cumple Ernest & Young y la segunda PFK Amézquita & Cia.
Las razones de la prórroga
María Virginia Torres pone de presente que para el contrato de aseo, el ex gerente (e) Ramón Hemer –quien había asumido en septiembre de 2017, tras las gerencias de Julia Serrano y Ramón Navarro– y el secretario general Galiano Franceschini expusieron ante la junta los antecedentes del contrato 00079 –que venía desde 1995 y se ha venido prorrogando automáticamente- y plantearon la necesidad de prorrogarlo por 12 meses más con la sociedad Aseo Técnico.
Entre las razones expuestas para la prórroga, según la SAE, estaba la que dado que en ese momento faltaban solo tres semanas para el vencimiento del plazo del contrato de aseo, no se podía adelantar un proceso que garantizara la concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones.
Así mismo, el contratista requeriría de un tiempo pre-operativo de seis meses después de la adjudicación para entrar a prestar el servicio, en razón a la necesidad de 'realizar la importación de vehículos de último modelo, adecuar la base de operaciones, llevar a cabo el proceso de contratación del personal y realizar ajustes de macro y microrrutas entre otros aspectos'.
De igual forma, por la obligación de 'evitar la paralización y la grave afectación en el servicio público de aseo'.
Y porque el tiempo de la prórroga le permitía a la Triple A desarrollar el proceso de selección, legalizar el contrato y cumplir con la etapa pre-operativa.
No obstante, la junta directiva, aunque aprobó la prórroga, dejó las salvedades, según Torres, de que hubo 'ausencia de planeación de la gerencia en advertir a la junta el análisis y evaluación de esta prórroga con la inminencia de su vencimiento desconociendo la cuantía, impacto e importancia del mismo', así como también hubo 'ausencia de gestiones previas que la gerencia debió adelantar para el contrato bajo un procedimiento de selección objetiva'.
Otras irregularidades
La Sociedad de Activos Especiales, además, señala en su respuesta a la célula legislativa que encontró a su llegada que en el manual de contratación 'se concentraban facultades en determinadas áreas para la aprobación de los contratos'.
De la misma manera, reporta la 'ausencia de filtros y de criterios de selección objetiva' y asegura que había entorpecimiento a las gestiones de la junta y la gerencia.
Igualmente, que habría contratos por más de $50 mil millones que no eran aprobados en las juntas, como los de pavimentación e instalación de medidores; que varios empleados revelaban información confidencial y que hubo nombramientos, incrementos salariales y aprobación de beneficios sin autorización.
Y concluye que no hay control ni seguimiento a los contratos.
Por ello, afirma la SAE, se aprobó un nuevo manual de contratación y se contrataron expertos para auditar 'los contratos trascendentales'.
Sin créditos del sistema financiero
Guillermo Peña, gerente general de la Triple A, contestó el cuestionario el pasado 17 de mayo y en él dice que el estado general de la empresa de acuerdo con el informe a 2018 'evidencia unos estados financieros sólidos y desde el punto de vista misional una prestación eficiente del servicio de aseo, acueducto y alcantarillado'.
Añade en este sentido que la empresa 'cuenta con liquidez suficiente para atender sus compromisos con el sector financiero, así como también con sus proveedores'.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, advierte la empresa de servicios públicos: 'Como producto de las diferentes investigaciones que se adelantan, la sociedad desde agosto de 2017 no tiene acceso a créditos con el sistema financiero, que le permitan actualmente apalancar diferentes proyectos de expansión a largo plazo'.
Finalmente, reporta Peña que en abril pasado la Comisión de Regulación de Agua, CRA, negó la solicitud de la Triple A 'de aplicar el PDEA a los costos del mercado regional, lo cual se traduce en una disminución del cargo fijo de un 13% en acueducto y 10% en alcantarillado y devolver el mayor valor a los usuarios cobrado desde julio de 2018'.
La asistencia técnica
En cuanto al manejo de provisiones, contingencias y pasivos, indica la Triple A que 'existía una disparidad en conceptos reflejados en su clasificación contable' y que, por ello, 'se revierten provisiones por un valor de $19.800 millones, realizadas con base en las investigaciones que se adelantan por el contrato de asistencia técnica siguiendo las instrucciones de la Procuraduría y recomendaciones de los asesores tributarios'.
Adicionalmente señala la compañía que actualmente tiene un rezago tecnológico para soportar algunos procesos y en otros casos ausencia de software.
Sobre el software Amerika –bajo investigación de las autoridades en el mismo caso del contrato de asistencia técnica-, que es el que genera el proceso de facturación de los usuarios, dice que por este se le paga a la empresa América Tecnología y Servicios –señalada de ser filial de Inassa- unos $300 millones mensuales.
Asegura en este sentido que 'ante la probabilidad de quedarnos sin soporte del software, nos encontramos evaluando las diferentes alternativas'.
Y concluye que se han contratado dos auditorías externas con Kroll Associates Colombia y Holland & Knight Colombia, 'para establecer la forma y medios en que se ejecutó el contrato de asistencia técnica y para realizar un análisis jurídico frente a las relaciones contractuales y societarias'.
'No hay conciliación': dice procuraduría
Vea aquí: Procuraduría afirma que no negocia acuerdos con Inassa sobre caso Triple A
La Procuraduría General de la Nación aseguró ayer que no existe ninguna conciliación en curso con la compañía española Inassa que permita poner fin a la acción popular interpuesta por el Ministerio Público ante el Tribunal de Cudinamarca en el caso de Triple A.
En un comunicado que difundió en su página web en alusión a una información que en tal sentido publicó El Tiempo, el ente de control manifestó que tampoco hay un principio de acuerdo para la firma de un pacto de cumplimiento para desistir de la medida jurídica que —según afirma— busca defender 'la moralidad y el patrimonio público' de Triple A.
En la comunicación, el Ministerio Público señala que el pasado 13 de mayo Inassa presentó un documento denominado 'Ofrecimientos, términos y condiciones de un proyecto de Pacto de Cumplimiento'. Este mismo documento fue presentado a la Fiscalía General de la Nación, que lleva un proceso de extinción de dominio de las acciones de Inassa en la empresa de servicios públicos, y al Distrito de Barranquilla, que hasta ahora es el único que ha sido declarado como víctima dentro del proceso que lleva el ente investigador.
