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Uniatlántico recuerda a sus 22 víctimas de violencia política

En el marco de la Semana de la Memoria, la institución presentó un libro que recopila una investigación sobre la violencia entre 1998 y 2010. 

Desde su exilio en Canadá, Jorge Freytter Franco, egresado y víctima de los hechos que marcaron parte de la historia de la Universidad Atlántico, cuestiona ¿qué pasó? ¿Por qué actuaron con tanta sevicia, con tanto odio? ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Quién pagó?

Las preguntas están relacionadas con el crimen –declarado de lesa humanidad– perpetrado en agosto de 2001 contra su padre, el profesor samario Jorge Freytter, “quien luchó por las reivindicaciones sindicales”.

El abogado de 51 años fue secuestrado, torturado y asesinado en Barranquilla. “Había hostigamiento del DAS, de la Sijin en la casa, preguntaban, iban, venían. También me buscaban a mí, eso ocasionó –además– la salida de mi hermano del país”, cuenta Freytter.

La lucha de su padre por la defensa de la educación pública, de los derechos laborales y en contra de la corrupción que había en la Universidad, puso en riesgo la integridad de todos.

Los efectos de esa violencia dejaron una marca indeleble en sus hijos que hasta hoy no tienen respuestas claras, ni autores pagando por el hecho. 

El pasado mes de septiembre el Estado admitió su responsabilidad parcial por el crimen; sin embargo, su familia no aceptó el perdón. “Estamos en contra de la constitucionalidad, de una normalidad de la muerte que hay en el país, uno de los paramilitares que participó en las torturas no ha pedido perdón, por ejemplo. Las investigaciones no han llegado al fondo de lo que ocurrió”, dice Freytter.

Tan solo cuatro meses antes del crimen de Freytter, fue asesinado Humberto Contreras, un estudiante de quinto semestre de Derecho.

Desde 1998 era estigmatizado y amenazado por su liderazgo en la organización estudiantil ‘Alma Mater’. Fue crítico y opositor de la administración universitaria y hacía seguimiento a presuntos casos de corrupción. Empezaba el año 2000 cuando lo capturaron y lo procesaron por el delito de rebelión y terrorismo, acción que luego fue contrariada al no haber pruebas en su contra, por lo que fue dejado en libertad.

El 3 de mayo de ese mismo año fue asesinado el estudiante Jairo Puello Polo, cursaba séptimo semestre de Economía y era representante estudiantil de la Junta Pro-ciudadela. Puello gestionaba recursos para el complejo universitario en la sede de Puerto Colombia y, según sus compañeros del colectivo antes mencionado, había hecho denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos de compras. Fue asesinado en su residencia, un sicario le disparó desde una ventana que daba a la sala principal.

En septiembre del mismo año, Antonio Meza Consuegra, trabajador de la universidad, fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa. Era contador público y laboraba en el área administrativa. También se encontraba vinculado a la defensa de los derechos sociales y a los organismos sindicales, lo que lo llevó ese año a postularse para las elecciones al Concejo.

Todos hicieron parte de esa violencia prolongada que marcó una época entre 1998 y 2010 en la Universidad del Atlántico, en donde 22 personas fueron asesinadas, 10 detenidas, 4 torturadas y más de 100 amenazadas. En esos números se encontraban estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que en su mayoría pertenecían a organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Como consecuencia de esos sucesos más de 30 personas tuvieron que vivir en el exilio. 

Los datos hacen parte de una investigación académica que se recopiló en ‘Fracturas del alma mater’, escrito por Muriel Jiménez Ortega, Edwin Corena Puente y Christian Maldonado.

Los nexos paramilitares

En el libro de 229 páginas, que se presentó en la Semana de la Memoria de la Universidad cobran importancia los testimonios de las víctimas, los presuntos nexos entre la institución y los paramilitares y la violencia que se intensificó a partir del surgimiento del Frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dirigido por Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio.

De hecho, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró responsable a ‘Don Antonio’  de los asesinatos selectivos y vulneraciones de derechos humanos a miembros de la comunidad universitaria, mediante la sentencia 38508 del 7 de diciembre de 2011 y del 12 de junio del 2012.

 

¿Por qué en la universidad?

El escenario de violencia que se inició a finales de la década de los 90 tiene relación con la crisis institucional “más aguda” que vivió la Universidad desde su fundación. Las denuncias por presuntos malos manejos de los recursos públicos, el incumplimiento de requisitos para contratación de personal y de obras de infraestructura llevó a la Uniatlántico a un colapso parcial de sus actividades académicas y administrativas, generando movilizaciones de organizaciones sociales y sindicales, que posteriormente hostigaron con el fin de callarlos.

“Era una deuda que había con la universidad y que de alguna manera se saldó en una proporción con este libro que permite entender qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Pudimos descubrir que los actos de violencia fueron sistemáticos y con unos patrones marcados”, dice Muriel Jiménez, profesora de Uniatlántico.

La investigación también narra la incursión del paramilitarismo en las dinámicas de la tensión social que experimentaba esta alma mater, pues apeló a la violencia en diferentes formas y produjo una escalada de asesinatos, amenazas y desplazamientos de miembros de la comunidad educativa. El discurso antisubversivo del paramilitarismo fue entonces una de esas herramientas y operó en dos niveles: como deslegitimación de la comunidad universitaria y como una forma de encubrir sus otras actuaciones criminales.

 

Verdad, reconciliación y no repetición.

Cada año la universidad realiza la ‘Semana de la Memoria: por la verdad, la reconciliación y la no repetición’, un espacio que busca propiciar encuentros de paz que contribuyan al reconocimiento que desde 2015 tiene la institución como sujeto de reparación  colectiva, “debido a vulneraciones graves y violaciones a los Derechos Colectivos que sufrió en el contexto del conflicto armado”, según lo explica la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.

Es necesario empezar a discutir la situación de la violencia en las universidades y en el Caribe porque las nuevas generaciones no tienen en la cabeza, ni en el corazón todo lo que se vivió en los campus universitarios del país. Conocer el pasado te permite desarrollar una sensibilidad de los riesgos que se corren cuando se toman cierto tipo de decisiones. Esa pedagogía es significativa para los jóvenes que están yendo a las universidades, en donde hoy también irrigan conflictos, dilemas y contradicciones”, señala María Emma Wills, profesora de la Universidad de los Andes y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica e integrante de la Comisión de los diálogos de la Habana. 

Para Wills una mirada democrática parte de los espacios de conversación, de debates, que aunque suelen ser incómodos, son esenciales para reflexionar.  “Uno reflexiona con otros, no frente a un espejo. La universidad es ese espacio para reflexionar, por supuesto hay que discutir las reglas de juego en las que se deben dar estas discusiones porque no se pueden dar en un escenario de estigmatización o desconocimiento”.

Agrega que es fundamental que los estudiantes escuchen a las distintas generaciones que estuvieron en la guerrilla, que hoy están en la política sin armas, para escuchar de propia voz por qué ellos hicieron el tránsito y por qué evaluaron en un momento “que el uso de las armas en lugar de abrir procesos democráticos, están cerrándolos y reforzado corrientes autoritarias y totalitarias que existen en el país”.

A muchos de los sucesos violentos de la Uniatlántico hace falta atribuirles responsabilidad y verdad judicial. María Cedeño, egresada de Uniatlántico y directora del capítulo Atlántico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) continúa preguntándose ¿quiénes dieron las órdenes?.


Cedeño hizo parte de movimientos estudiantiles y conoce la huella que el conflicto armado dejó en la Universidad del Atlántico. Por eso, colaboró en la documentación del libro que reconstruye el pasado de la institución y que logró esclarecer algunos episodios de violencia.

“Poco o nada se ha dicho de los casos de los profesores asesinados Lisandro Vargas o Luis Meza. De muchos hechos solo se conoce a los determinadores, pero no a los autores intelectuales. Son situaciones que no se han esclarecido y que preocupan”, manifiesta.

En los pasillos de la universidad reposan murales, grafitis y algunas estrellas negras que fueron pintadas como símbolo de memoria para seguir buscando la verdad, justicia y reparación.

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