La relación entre los alcaldes de los municipios del Atlántico y la empresa Air-e se ha vuelto tensa a causa de la medida de suspensión diaria del servicio de energía eléctrica a causa de los bajos índices de recaudo.
Este miércoles, los mandatarios locales y representantes de la compañía sostuvieron una tensa reunión, que finalizó sin acuerdos entre las partes. Por esa razón, la media se ejecuta en 13 sectores del departamento.
Tras el encuentro, los alcaldes se mostraron inconformes con los planteamientos de la compañía y expresaron su preocupación por las alteraciones al orden público que podría generar la medida.
Fabián Bonet, alcalde de Galapa, aseguró que esta es una medida “lesiva” y que todos los mandatarios han expresado su rechazo a los posibles daños colaterales que podría generar en los municipios.
“Nosotros somos los que tenemos a cargo el orden público, junto con la Policía, y sabemos que estos barrios obviamente salen a hacer bloqueos y a protestar. Le hemos pedido a Air-e que busque otras medidas para el recaudo, porque sabemos que no lo están recibiendo”, explicó.
Indicó que están siendo objeto de “presiones” por parte de la compañía para firmar acuerdos como deudores solidarios: “Las finanzas de los municipios no nos permiten asumir esas deudas. En el caso de Galapa, son $50 mil millones y en el momento no tenemos condiciones para pagarlos”.
El mandatario hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte acciones que permitan atender esta situación.
“Les pedimos que sean empáticos y se coloquen en los zapatos de las comunidades. No hemos llegado a ningún acuerdo, porque se van a mantener las suspensiones y racionamientos hasta que no haya una conciliación de pago”, agregó.
Ameth Juan Hanna, alcalde de Luruaco, mencionó que el municipio fue de los primeros en ser afectados por la medida y actualmente existe “frustración” debido a que no se ha posibilitado un acuerdo que beneficie a la comunidad.
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“Debo reconocer que la comunidad de Luruaco tiene muy mala cultura de pago, por diversos factores. Hemos pedido que adopten medidas diferenciales para el cobro de energía, para que cada usuario asuma la responsabilidad de su consumo, pero la situación es insostenible por las altas tarifas que existen”, expuso.
Expuso que varias manifestaciones se han registrado durante los últimos días en el municipio a causa de esta situación: “Cualquier responsabilidad de lo que ocurra en Luruaco recae sobre esta empresa. Yo garantizo el orden público hasta cuando la fuerza pública lo garantice, de ahí en adelante no puedo hacer nada”.
A su turno, Vanessa Torres, alcaldesa de Campo de la Cruz, indicó que es un panorama “complejo” debido a las afectaciones que habrá para el sector comercial y la salud de algunas personas en esta zona .
“Nos parece bastante preocupante esta situación y estamos alzando la voz como alcaldes porque desde nuestra administración no podemos asumir una deuda que no es nuestra”, recalcó la mandataria.
Mientras que Eduard Ecker, alcalde de Santa Lucía, manifestó que se tomarán las acciones pertinentes para evitar perjuicios a causa de esta medida”.
“Protestamos enérgicamente por esta medida inconsulta y acudiremos a instancias jurídicas para restablecer los derechos de nuestra comunidad”, dijo.
Por su parte, Fernando Tejera, alcalde de Piojó, explicó que “no tenemos las vías ni presupuestales ni jurídicas que nos permitan asumir parte de la deuda que existe actualmente. Se requiere el acompañamiento del Gobierno departamental para evitar que haya alteraciones del orden público”.
Propuestas de usuarios
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Región Caribe indicó que el presidente Gustavo Petro debe “proteger” a los usuarios ante esta medida de la empresa Air-e.
“El Gobierno puede incluir, en el proyecto de decreto que ofrece cupo de endeudamiento a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía para asumir el pago de la opción tarifaria, nueva apropiación para la empresa Air-e con la finalidad de que suspenda la implementación de los cortes en el servicio, por mora en el pago de casi 200.000 familias”, expuso la agremiación.
Además, instó a “devolverle a las 500 mil familias de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión los $500.000 millones que fueron devueltos por Electricaribe en Liquidación y otros al Ministerio de Hacienda por el robo de los subsidios del FOES a estos compatriotas entre 2011 y 2016”.
Posición desde Air-e
Ramón Castilla, gerente de Air-e en el Atlántico, aseguró que desde varios meses se vienen adelantando mesas de trabajo con los municipios para analizar esta problemática.
“Durante cuatro años, la empresa ha asumido y pagado la energía que se consume en estos sectores eléctricamente subnormales y zonas de difícil gestión, donde hay un bajo porcentaje de recaudo. Hemos planteado alternativas, hemos establecido líneas de acción y hemos pedido a las autoridades que conlleve a que los usuarios cancelen el servicio de energía”, expuso.
Además, expuso que “la aplicación de los periodos de continuidad es producto del incumplimiento de los usuarios con el pago. A los alcaldes les hemos explicado el alcance de estas áreas especiales y que la evaluación se hace de manera global. No es una evaluación individual, sino que se analiza toda la geografía y de acuerdo con los resultados se toman decisiones de aplicación de los periodos de continuidad”.
